Durante la jornada de este miércoles la Contraloría General de la República se pronunció respecto al Protocolo de Objeción de Conciencia aprobado por el actual Ministerio de Salud y que permitía que las instituciones que se negaran a realizar abortos bajo las tres causales aprobadas por el parlamento, podrían igualmente seguir recibiendo fondos públicos.
En su fallo, la Contraloría señala que dicho protocolo «no se ajusta a derecho».
La resolución del ente fiscalizador ocurre luego de la presentación que realizaron parlamentarias de oposición, corporaciones como Miles y Humanas, y la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, entre otras organizaciones, quienes solicitaron un pronunciamiento por parte de Contraloría ante el polémico protocolo establecido por el gobierno de Sebastián Piñera una vez asumida su segunda administración.
En ese sentido, sostuvieron que el ministro de Salud «incurrió en una serie de irregularidades» en la dictación del mencionado reglamento.
Como respuesta, Contraloría establece que «los Establecimientos Públicos de Salud NO pueden invocar objeción de conciencia, debido a que es función del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud».
Dicho esto, se refiere a la situación de las instituciones privadas que tienen convenio con el Estado, señalando que estas tampoco pueden acogerse a la objeción de conciencia, «puesto que al recibir financiamiento público se entiende que sustituyen a los Servicios de Salud y forman parte de la Red Pública de Salud».
En consecuencia, Contraloría ordena entonces que la autoridad administrativa adopte las medidas necesarias a fin de dejar sin efecto la resolución del Ministerio de Salud, por ser esta -insiste- «contraria a derecho».