«TC se ha convertido en trinchera para impunidad»: Senado busca agilizar procesos contra violadores de DDHH

Por 22 votos a favor y 9 en contra, la Sala del Senado aprobó un proyecto de acuerdo donde se solicita al Presidente de la República, Sebastián Piñera, que cuanto antes envíe un proyecto al Congreso Nacional que modifique la LOC N° 17.997 del Tribunal Constitucional (TC) para que, entre otras cosas, fije plazos breves y perentorios para la dictación de sentencia en los recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Esto, en el marco de aquellos requerimientos presentados por violadores a los derechos humanos.

Además solicitaron establecer que «cuando se refieran a procesos penales por delitos de lesa humanidad, sean vistos preferentemente por el Tribunal Constitucional; y disponer que, durante la vista del recurso, no sea posible paralizar la secuela del proceso penal en esta clase de delitos”.

Los autores de la iniciativa -22 senadores de la ex Nueva Mayoría, del Frente Amplio e independientes- señalaron que “actualmente en materia de derechos humanos se está comenzando a hilvanar una doctrina perniciosa que consiste en la reiterada concesión de la suspensión de los procedimientos judiciales mientras conoce de recursos de inaplicabilidad incoados por ex uniformados investigados por crímenes  de lesa humanidad”.

En ese sentido, explicaron que de 30 causas de derechos humanos que se han ingresado al TC, entre noviembre de 2015 hasta el 1 de abril pasado, a 21 se les ha aplicado la suspensión del procedimiento, 12 de ellos aún pendientes. «Es así comprensible, la desazón de los familiares de DD.DD. al constatar que la mayor parte de los casos paralizados corresponden a la Región de Ñuble, entre otras regiones”, sostuvieron los parlamentarios.

«No cabe duda del evidente interés de entorpecer el avance de los procesos por crímenes de lesa humanidad. De este modo, es lamentable constatar que el TC se ha convertido en una verdadera trinchera para la impunidad. Sus magistrados no pueden desconocer que los victimarios prefieren morir antes de ir a la cárcel o, peor aún, prefieren que mueran las víctimas, sus familiares o testigos, antes que se dicte condena”, acusan respecto a los cuestionados requerimientos de inaplicabilidad.