Consejo de Defensa del Estado presenta querella contra cuatro reos de Punta Peuco por pensiones de invalidez

Esta semana, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), presentó una querella contra cuatro reos que cumplen condena en Punta Peuco por violaciones a los derechos humanos, en el marco de la investigación realizada desde 2017 por la Fiscalía Centro Norte por presunto fraude al Fisco en el otorgamiento de pensiones de inutilidad de segunda clase, entregadas por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) a ex funcionarios de las Fuerzas Armadas.

Los pensionados a los que va dirigida la querella del CDE son Enrique Neira (pensión por $ 2.605.979), Patricio Ferrer (jubilación por $ 2.161.406), Jaime Torres (retiro por $ 1.647.687) y Rubén Fiedler (pensión por $ 1.340.000).

De acuerdo a la acción legal, “estos pensionados no cumplían ni cumplen con los requisitos para haberse acogido a la pensión de inutilidad de segunda clase que les fue otorgada, debido a que no tienen, según sus propios dichos (en la ficha de Gendarmería), ninguna limitación física o mental que les impida desarrollar alguna actividad laboral en completa normalidad”.

En esa línea, el CDE también se hizo parte en la investigación que se sigue por pago de pensiones de invalidez contra Emilio Neira Donoso, ex oficial de Ejército de la CNI; Patricio Ferrer Ducaud, ex oficial de la FACh, y la abogada Patricia Rivera. Asimismo, la querella incluye al ex comandante en jefe de la Fach, Patricio Ríos Ponce, así como al general (R) de Brigada Aérea Patricio Franjola.

Según consigna La Tercera, el CDE no solo se quedó con los receptores de las jubilaciones, ya que además presentó acciones legales contra los funcionarios que integraron las comisiones de Sanidad de las tres ramas de las FF.AA. (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), “cuyo diagnóstico dio origen al otorgamiento de pensiones improcedentes y cuya individualización deberá precisar la presente investigación”.

En este último punto, añade el reporte del matutino, el Consejo solicitó a la fiscalía oficiar a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas para que informe sobre las personas que han integrado las comisiones de Sanidad que declararon la inutilidad de las personas en contra de las cuales se interpone la presente querella.

El consejo, además, apuntó en su acción hacia un tercer grupo de personas, que recibirían pensión de invalidez de segunda clase y que trabajan en el ámbito civil “con mayores exigencias físicas e intelectuales que las que desarrollaban en la institución pública”.

En ese punto se identifica a Patricia Rivera Narváez, quien, según el CDE, recibe una pensión de invalidez de segunda clase por la suma de $ 1.700.000, luego de haber desempeñado funciones de abogada de Capredena, mientras desempeña actualmente labores como jueza en el Segundo Juzgado de Familia de Santiago.

Desde el CDE también apuntan al general (R) Franjola, quien recibe la pensión más alta de Capredena, por $ 6.806.000, tras desempeñarse como auditor de la Fach. Sin embargo, el consejo advirtió que “actualmente” ejerce como abogado en su estudio particular.

En ese sentido, la querella señala que los querellados obtuvieron pensiones de invalidez sin presentar ningún tipo de problemas físicos que les hicieran merecedores de esta jubilación.

“La presente investigación nos entrega claros indicios de estar en presencia de personas que trabajaban en las distintas ramas de las FF.AA. o en servicios públicos, que se acogieron a una jubilación bajo la modalidad de declaración de inutilidad de segunda clase y que, según lo hemos expuesto en la presente querella, no cumplían con las condiciones para obtener dichos beneficios. Por estos motivos, las jubilaciones percibidas por estos conceptos son totalmente improcedentes y han generado un perjuicio para el Fisco de Chile”, afirma el dictamen.