Inician proceso judicial contra expresidenta de Argentina

Lavado de activos y asociación ilícita son los presuntos delitos por el cual inician un proceso judicial formal contra la ex presidenta Cristina Fernández y sus dos hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

Julián Ercolini,  juez federal de Argentina es el funcionario encargado de este proceso judicial, según informó el Centro de Información Judicial (CIJ).

De acuerdo con las informaciones publicadas por el CIJ, el magistrado estableció a Fernández (65) un embargo a sus bienes por 800 millones de pesos (unos 32 millones de dólares), medida que también fue aplicada a Máximo (41) y Florencia Kirchner (28).

Ercolini, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 10 de Buenos Aires, realiza investigaciones a la exmandataria Fernández y a sus hijos por supuestas contrataciones hechas a hoteles de la familia por parte de empresarios beneficiados de contratos para realizar obras públicas.

El magistrado también decidió procesar al empresario Lázaro Báez, quien fue detenido desde 2016 por otra investigación; el hijo de éste, Martín Báez, y de Romina Mercado, sobrina de la ex presidenta, entre otros. Además, sobre ellos también fue interpuesto un embargo de 800 millones de pesos (unos 32 millones de dólares).

El juez averigua la denominada causa «Hotesur» que consistió en una maniobra de lavado de activos derivados de sobornos de contratistas de obra pública, inclusive el  empresario detenido Lázaro Báez.

Según los funcionarios judiciales, los sobornos fueron cancelados mediante el alquiler ficticio de habitaciones del hotel Alto Calafate, administrado por la firma Hotesur de la familia Kirchner.

Los hechos investigativos iniciaron en noviembre de 2014 por una denuncia hecha por la diputada nacional Margarita Stolbizer.

La expresidenta Fernández negó los hechos al ser indagada por el juez Ercolini en noviembre de 2017 y ha denunciado que su situación judicial obedece a una «persecución política» dispuesta por el actual gobierno argentino.