Con el ánimo de determinar las responsabilidades que pudo haber tenido el Estado para prevenir el exterminio de la Unión Patriótica (UP), el Gobierno llevará el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Así lo dieron a conocer hoy el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, y el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, refirió el portal el Colombiano.
De acuerdo con Vélez, más allá de reparaciones individuales de carácter monetario, “estamos buscando reparaciones que tengan carácter colectivo y que transformen la sociedad. El Estado siempre está dispuesto a las soluciones amistosas. Lamentablemente el esfuerzo que se hizo durante varios años fracasó, precisamente porque resultó complicado definir quiénes eran las víctimas”, manifestó Vélez en la rueda de prensa.
Ante el panorama de reindemnizaciones individuales, el director de la Agencia señaló que hay varios ejemplos en los cuales, cuando se dan reparaciones individuales, ingresan personas que no han sido titulares de derechos y han recibido compensaciones.
El 15 de septiembre de 2016, el presidente Juan Manuel Santos reconoció la responsabilidad del Estado en este exterminio, indicando que esa tragedia no debió haber ocurrido.
“Debemos reconocer que el Estado no tomó medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos, los atentados y las demás violaciones, a pesar de la evidencia palmaria de que esa persecución estaba en marcha”, manifestó el presidente en ese momento.
Vélez destacó que “la fiscalía ha venido trabajando en estos temas y pronto habrá noticias importantes en el caso de la UP, desde la Fiscalía, parte de este caso será discutido con la JEP para definir su trámite”.
La Unión Patriótica surgió como una convergencia de fuerzas políticas luego del proceso de negociación entre el Gobierno del expresidente Belisario Betancur y las Farc, donde se concertó un movimiento de oposición que permitiera que la guerrilla se incorporara gradualmente a la vida legal del país. Las promesas que fueron incumplidas por el Estado que permitió y participó del exterminio de simpatizantes y militantes de la Unión Patriótica.
Desde 1985 las desapariciones forzadas, torturas, asesinatos y exilios fueron registrados por la prensa que a su vez justificó muchos de los crímenes. En el momento más importante este partido político logró elegir 16 alcaldes y 256 concejales además de elegir 16 representantes al Congreso de Colombia.
Sin embargo, en dos décadas de ejercicio político más de 3 mil de sus militantes fueron asesinados, entre ellos dos candidatos presidenciales; los abogados Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, y 13 parlamentarios. Para el año de 1994, las autodefensas asesinarían al último representante de la UP en el congreso de la República, el senador Manuel José Cepeda.
Ya en el año 2003, el Consejo Nacional Electoral decide quitarle la personería jurídica al movimiento que no pudo sacar más de 50 mil votos en las elecciones de 2002, poniendo así fin jurídico al movimiento.
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