La Fiscalía colombiana abrió tres líneas de investigación sobre la fase de contratación y construcción de la hidroeléctrica de Ituango (noroeste), donde al menos 11.000 trabajadores luchan para evitar una tragedia, informó este jueves el ente acusador.
«La Fiscalía adelanta tres líneas de investigación relacionadas con Hidroituango que van desde la contratación y adjudicación de las obras hasta la confirmación de un posible daño ambiental ocurrido en la zona donde se encuentra la represa», manifestó el ente acusador en un comunicado.
La primera investigación se abrió en febrero del año pasado ante las denuncias interpuestas por el movimiento Ríos Vivos, en las que aseguran que el proyecto generaría daños al medioambiente.
La segunda pesquisa se inició en enero de este año y con ella se indagan presuntas irregularidades en la fase previa a la adjudicación del proyecto, en la firma de contratos, la elaboración de diseños y la ejecución de la obra, las cuales que podrían tener «incidencia penal».
La Fiscalía detalló que la adjudicación de la presa y el cuarto de máquinas, entre otros, se hizo al Consorcio CCC Ituango, que conforman las firmas Camargo Correa, Coninsa Ramón H. y Conconcreto.
La última investigación se empezó a desarrollar tras la crisis generada en las últimas semanas por el derrumbe de un túnel a través del cual se desviaba el cauce del río Cauca, segundo afluente de mayor importancia en el país.
La emergencia comenzó en la madrugada del pasado 7 de mayo cuando se produjo un derrumbe en la zona en que se construye la central eléctrica, lo que ocasionó «un taponamiento total en el túnel» que desvía el río durante las obras.
Eso causó «una reducción» de su caudal aguas abajo y «un embalsamiento de la presa» aguas arriba, por lo que los ingenieros decidieron inundar el cuarto de máquinas de la central para permitir que el río siguiera su curso, lo que sumado a las fuertes lluvias aumentó el caudal del Cauca.
Según los Puestos de Mando Unificados (PMU) de Bogotá, Medellín, Ituango y Valdivia, han sido evacuadas 4.985 personas que habitan en Puerto Valdivia y en los municipios de Tarazá, Cáceres, y Caucasia.
Para paliar la crisis, al menos 11.000 trabajadores luchan para salvar la represa, que de llegar a romperse podría alcanzar incluso los 26 metros de altura a su paso por el corregimiento de Puerto Valdivia, de donde ya fueron evacuadas más de 2.000 personas.
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