Colombia es un país que ha conocido varios exterminios sistemáticos, brutales. Si el de la Unión Patriótica (UP) a fines de los ’80 y princiopios de los ’90, dejó claro que el establecimiento no iba a permitir alternativas de izquierdas en el país, la reacción ante la nueva Ley de Restitución de Tierras no está siendo menos violenta. Hace unos días cayeron dos líderes de los colectivos campesinos que reclaman sus tierras de vuelta.
A Manuel Ruiz, de 56 años, y a su hijo Samir, de 15, los retuvieron y desaparecieron los paramilitares el 23 de marzo. Manuel era ‘culpable’ de ser parte de las comunidades de los ríos Jiguamiandó y Curbaradó (Chocó) que están reclamando las 100 mil hectáreas de tierras que les fueron arrebatadas por los paramilitares en las cruentas ofensivas de 1997 a 1999 para introducir el monocultivo de Palma Africana.
Según ha denunciado el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), desde el año 2005 han sido asesinados, al menos, 66 líderes de organizaciones reclamantes de tierras y el 40% de estas muertes ocurrió entre 2010 y 2011, cuando la ley de Restitución tomaba forma. Sólo en la zona de Manuel Ruiz han sido asesinados cinco líderes en los últimos dos años.
Manuel y su hijo engordan ahora esa nefasta lista de este exterminio calculado para evitar que las comunidades recuperen las miles de hectáreas que les fueron arrebatadas en la toma violenta de Colombia por parte de los paramilitares. Sus cuerpos aparecieron este 27 de marzo en el municipio de Curbaradó con señales de tortura previo a su muerte. Manuel, según relata la revista Semana, había pedido en tres ocasiones protección al Ministerio del Interior de Colombia y no había recibido respuesta.
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz explica así la situación previa a este nuevo crimen: “[Manuel] había sido objeto de amenazas de muerte debido a la reclamación de tierras ocupadas por los empresarios Victor Ríos, Fabián Ríos y Carlos Ríos por medio de trabajadores suyos como el ‘Viyo’ y Leonel Holguín Muescan, beneficiarios del paramilitarismo, y ocupantes de mala fe, que adelantan negocios en los territorios de las comunidades”.
Movice denuncia que “a pesar de las repetidas alertas emitidas por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y otras organizaciones sociales y de derechos humanos, sobre el inminente riesgo que enfrentaba Manuel, y que todavía enfrentan otros líderes del Chocó, el Estado colombiano no cumplió con su deber de protección”. También recuerda que en la audiencia de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Atención al Desplazamiento, convocada por la Corte Constitucional en la última semana de enero de 2012, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, Terry Morel, informó que desde el 2007 han sido asesinados más de 1.400 desplazados, y que de cada doscientas denuncias de hostigamiento o amenaza se investiga una.
Según las organizaciones de víctimas, los grupos paramilitares, supuestamente desmovilizados durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, siguen actuando en unos 400 municipios del país. Tal y como explica Movice, si la ley de Restitución de Tierras no incluye el desmantelamiento de esos grupos además de la judicialización de los políticos y funcionarios que colaboran con ellas… deja a los reclamantes de tierras y a los líderes comunitarios “sin garantías reales”.
La Corte Constitucional de Colombia emitió un auto el pasado 7 de marzo en relación a este proceso en el que era muy clara en el aspecto de la ausencia de garantías: «actualmente no se responde a las situaciones de riesgo y a las consecuentes solicitudes de protección. (…) sería imprudente presionar la realización de la Asamblea General, si antes no se constata un avance concreto y serio en el plan de prevención y protección que dé garantías al proceso». Además, ordenaba al Ministerio de Agricultura y al Incoder para que ampliaran el territorio colectivo frente a ocupantes ilegales según corresponda, para garantizar su integralidad.
El auto se refiere específicamente al proceso de restitución de tierras en el Jiguamiandó y el Curbaradó y concluye que es indispensable un «plan provisional urgente de prevención del desplazamiento y protección individual y colectiva de estas dos comunidades». Sin este plan, «no podrá realizarse la Asamblea General eleccionaria del Consejo Mayor de la cuenca del río Curbaradó».
Por Equipo Otramérica
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