El exguerrillero colombiano Jesús Santrich, integrante del partido de izquierda FARC, suspendió temporalmente este sábado una huelga de hambre que mantenía desde hace 41 días, luego de que fue detenido en Bogotá por supuestos vínculos con el narcotráfico.
«Bajo el entendido de la naturaleza política de mi causa, he tomado la decisión de suspender transitoriamente mi huelga de hambre», señaló Santrich en una carta que fue comunicada por Jairo Estrada, vocero del Movimiento Voces por la Paz, que sigue en el Congreso la implementación del Acuerdo de Paz.
«Mi situación es un accidente calculado, extensible a cualquier cuadro político de la FARC que de no ponerle freno puede conducir el proceso de paz en forma definitiva por el despeñadero», agregó Santrich, quien, según versiones de prensa, perdió 16 kilos durante la huelga.
El anuncio de suspensión temporal de la huelga también fue confirmado por la FARC a través de su cuenta en Twitter.
«En respuesta a la petición para levantar la huelga de hambre (hecha por) más de 4.000 personas y organizaciones, (Jesús Santrich) decidió suspenderla temporalmente y continuar con su defensa política y jurídica ante la JEP (Jurisdicción Especial de Paz, diseñada para juzgar a actores del conflicto armado interno)», escribió.
La decisión de Santrich se dio luego de que el viernes el Consejo Político Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC, surgida tras la desmovilización de la guerrilla) le pidió al exguerrillero que abandonara la huelga de hambre y continuará su trabajo por la implementación de la paz.
Santrich fue detenido el pasado 9 de abril en Bogotá por agentes de la Fiscalía de Colombia en cumplimiento de una orden de captura internacional con fines de extradición, a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y desde ese momento sostuvo la huelga.
Santrich, quien hizo parte de los diálogos de paz en La Habana, está acusado de un supuesto acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína hacia EEUU por unos 15 millones de dólares, que luego se venderían al detalle por hasta 300 millones de dólares en el mercado estadounidense, en hechos ocurridos desde junio de 2017 hasta el pasado mes de abril, es decir, después de la firma del Acuerdo de Paz, por lo que habría incumplido el mismo.
Tanto él como la FARC afirman que es víctima de un montaje conjunto entre el fiscal General de Colombia, Néstor Martínez, y el Gobierno de EEUU para afectar la implementación del acuerdo de paz y llevar a los líderes de la antigua guerrilla ante los tribunales estadounidenses. (Sputnik)