Diputado acusa a obispo de Temuco de increparlo «con groserías» por proyecto que elimina privilegios judiciales de la Iglesia

El diputado (independiente) de la región de La Araucanía, René Saffirio, acusó al obispo de Temuco, Héctor Vargas, de llamarlo por teléfono e increparlo «fuera de sí y con groserías» por el proyecto presentado por el parlamentario para eliminar los privilegios judiciales de las autoridades eclesiásticas

Diputado acusa a obispo de Temuco de increparlo «con groserías» por proyecto que elimina privilegios judiciales de la Iglesia

Autor: Absalón Opazo

El diputado (independiente) de la región de La Araucanía, René Saffirio, acusó al obispo de Temuco, Héctor Vargas, de llamarlo por teléfono e increparlo «fuera de sí y con groserías» por el proyecto presentado por el parlamentario para eliminar los privilegios judiciales de las autoridades eclesiásticas.

Saffirio dio a conocer la situación a través de su cuenta de Twitter, donde además acusó que el perdón de la Iglesia Católica por los abusos «fue para la TV».

Según consignó el diario El Austral la semana pasada, Saffirio solicitará en los próximos días que se discuta el proyecto que busca modificar el Código de Procedimiento Civil, con el objetivo de eliminar los privilegios judiciales de las autoridades religiosas.

La iniciativa ya fue despachada el año pasado al Congreso y remitida desde la Sala a la comisión de Constitución. «En un Estado laico es fundamental que la separación de la Iglesia del Estado sea completa y efectiva», expresó el parlamentario en esa ocasión al medio sureño.

«Aún quedan en diversas normas legales privilegios a autoridades religiosas que no se condicen con la construcción de un Estado que, respetando la libertad religiosa, toma sus decisiones sin presiones ni condicionamientos religiosos», agregó el diputado Saffirio.

Recordemos que el Código de Procedimiento Civil indica que toda persona debe testificar en el tribunal, sin embargo, establece que determinados individuos, considerando su cargo o función pública, pueden eximirse de dicha obligación, y declarar en el domicilio que ellos fijen, siempre que esté dentro del territorio jurisdiccional del tribunal pertinente.

El beneficio incluye al Presidente de la República y otros altos funcionarios del Estado, y -además- pueden gozar de él algunas autoridades al interior de la Iglesia, lo que, para Saffirio, «no parece razonable que exista en Chile del siglo XXI, ya que no ejercen ningún tipo de función pública».


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