Un total de veinticinco sentencias judiciales contempla el nuevo compendio de normas de derecho de los pueblos indígenas guatemaltecos que presentó la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en el país centroamericano; documento en el que se evidencia que el Gobierno no cumplió con el reconocimiento, promulgación y respeto de los aborígenes.
Las poblaciones indígenas son las que más padecen las problemáticas de la pobreza como la marginación, discriminación, desigualdad, deficiencias en educación, salud y acceso a la justicia, según la PDH.
También refiere el compendio que es imperante la implementación de derecho a consulta, así como que estas comunidades asuman el control de sus instituciones y formas de vida para el desarrollo humano, económico, cultural y espiritual contenido en los reglamentos nacionales e internacionales.
El compendio normativo que busca velar por los derechos de las 22 etnias mayas más los pueblos garífuna y xinca consta de 219 páginas elaboradas desde el año 2006 con apoyo de la Oxfam Internacional y que ha sido presentada este viernes.
Igualmente, en este documento se desglosa los derechos de los pueblos indígenas de forma temática en el que se incluyen temas como la no discriminación, la participación política, el pluralismo jurídico, el derecho de consulta, acceso a tierras, entre otros.
Bayron Paredes, defensor de los Pueblos Indígenas de la PDH, explicó que el documento hace referencia a las normas y convenios internacionales firmados por el Estado guatemalteco entre ellos, la Declaración, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribunales en Países Independientes, entre otros.
Paredes señaló que el documento «es una herramienta de consulta para los pueblos indígenas para que hagan valer sus derechos».
Jordán Rodas, máxima autoridad de la PDH, indicó que «históricamente los pueblos indígenas han sido relegados» además que el Estado de Guatemala «no es incluyente» a pesar de que el 60% de 17 millones de habitantes representan a comunidades indígenas y campesinos.
Mediante un comunicado la PDH reiteró que la nación no ha cumplido los compromisos adquiridos en materia de los derechos indígenas, así mismo subrayó que la falta de políticas dirigidas a estas poblaciones indígenas han incrementado la marginación, la discriminación y la falta de acceso a la salud, educación y la justicia, que trae como consecuencias mayor vulneración de sus garantías.
Debido a todos los males que sufren las comunidades indígenas por la falta de atención gubernamental, actualmente la PDH desarrolla una mesa intrainstitucional sobre derechos colectivos en la que se realizan análisis y se proponen posibles soluciones a las principales problemáticas que afectan a estos nativos.