Activista Rodrigo Mundaca: “El robo de agua se asocia al crecimiento de la producción de paltas”

Luego de varias semanas al alza, el precio de la palta se acerca a los 5 mil pesos por kilo. Esa tendencia se ha instalado en las conversaciones de un país fanático del “superalimento”, el que puede estar presente en cada una de las comidas diarias y en los más diversos snacks consumidos por chilenos y chilenas.

Más allá del revuelo generado por su precio, detrás del cultivo intensivo de la palta hay una dura realidad de explotación. Grandes porciones de suelo cultivado con paltos se encuentran erosionados y necesitan un descomunal consumo de agua. Ejemplo claro de esto último es la situación que enfrenta la provincia de Petorca (región de Valparaíso), cuyos ríos no presentan escurrimiento superficial hace años y su población accede al agua a través de camiones cisterna; un desolador panorama que contrasta con el verdor de las extensas plantaciones de palto.

Frente a la crítica coyuntura, Rodrigo Mundaca, secretario general del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (MODATIMA), se planta en contra de la «mercantilización de las aguas”, propiciada por el Código de Aguas de 1981, y «de aquellos empresarios inescrupulosos que roban agua” para el producir paltas de exportación.

Para el ingeniero agrónomo, se debe derogar el artículo 19 numeral 24 de la Constitución, así como restituir la propiedad del agua al dominio de la tierra y “construir una nueva institucionalidad en materia hídrica”. La agenda de la agrupación también considera el término de la criminalización de los defensores/as del agua, “hombres y mujeres que luchan por el sentido común: priorizar el agua para las comunidades, hacer del agua un bien común y un derecho humano”, comenta Mundaca.

¿Desde qué enfoque observan en MODATIMA la situación generada por el alto precio de las paltas?

La discusión en torno al precio de las paltas es ficticia, intenta desviar la atención de la opinión pública en torno al problema de fondo: la provincia de Petorca es considerada hace muchos años el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua y del robo de agua. La comuna de Cabildo, en particular, es la primera comuna del país en quedarse sin agua, producto de la industria extractiva asociada al monocultivo de palta Hass de exportación. 

¿Han considerado llamar a dejar de consumir paltas como una forma de boicotear a los grandes productores?

Hemos dicho públicamente que nuestro problema no es con las paltas, porque también en la provincia de Petorca existe un número importante de pequeños agricultores que producían paltas y que se quedaron sin agua para regar sus plantaciones producto del modelo de lucro, usura y exclusión que existe con las aguas.

Nuestro problema de fondo dice relación con un modelo de desarrollo agrícola asociado al monocultivo y al uso intensivo e irracional de bienes naturales finitos, suelo y agua. Tiene que ver también con que Chile es el único país del mundo que tiene privatizadas sus fuentes de agua, desde el año 1981, y que inició el proceso de privatización de las empresas sanitarias desde 1997.

Nuestro problema tiene que ver, básicamente, con la construcción de un modelo de producción de alimentos que sea viable económicamente, competitivo, pero que también sea socialmente justo y ecológicamente más sano. Además, deben existir políticas en el país donde sea prioridad el acceso al agua de bebida para las comunidades, la producción de alimentos y finalmente para todas las demás actividades extractivas que se desarrollan en el territorio.

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Una de las denuncias que han realizado como MODATIMA concierne al robo de agua por parte de grandes productores. ¿Cómo lo ejecutan?

El río Petorca se encuentra declarado agotado y en restricción desde el año 1997; el río Ligua se encuentra declarado en restricción desde el año 2004. Eso significa que el Estado no puede continuar concediendo derechos de aprovechamiento de agua y los robos de agua se encuentran íntimamente asociados al crecimiento de la producción de paltas de exportación en suelo sin aptitud de cultivo, en suelos de cerro.

Roban agua mediante la construcción de drenes, que son obras de ingeniería bajo tierra, que capturan el agua subterránea para meterla de manera impropia en las grandes explotaciones agrícolas. Construyen pozos de captación de aguas subterráneas sin derechos de agua legalmente constituidos y se apropian de la caja de los ríos, mediante la corrida de los cercos de las grandes propiedades agrícolas que existen en el territorio.

A esto se suma el lucro por el agua. ESVAL, la empresa sanitaria que abastece de agua potable a la comuna de Cabildo, se quedó sin agua y hoy tiene que recurrir a un número indeterminado de proveedores que le venden agua para que pueda mantener el suministro. Son individuos que se transformaron en proveedores de agua, en comunidades donde no la hay, y el metro cúbico lo venden en entre 8 y 10 mil pesos.

¿La explotación del agua es una expresión de la disputa entre grandes y pequeños agricultores?

Probablemente, el segmento de la población que más ha sufrido con el robo de agua han sido precisamente los pequeños agricultores, a propósito de la vigencia del Código de Aguas fraguado en dictadura, que se encargó de separar la propiedad del agua del dominio de la tierra, transformando el agua en un bien de capital.

En la provincia de Petorca hay empresarios que vienen siendo denunciados por usurpar agua desde hace mucho tiempo: Edmundo Pérez Yoma, ex ministro del Interior de Bachelet; Eduardo Cerda García, diputado DC hasta marzo del 2014, fue denunciado por usurpar agua en febrero de 2011, siendo miembro de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja; incluso fue miembro de la comisión investigadora por el robo de agua.

Aquí hay políticos y empresarios como Ignacio Álamos, cuñado del senador UDI Juan Antonio Coloma; Juan Ruiz Tagle, supernumerario del Opus Dei y militante UDI, sindicado por usurpar agua. Los abogados enmascaran esto diciendo que estos conspicuos personajes cometen faltas administrativas y que se encuentran en regla, ya que han pagado las multas.

Dado que llevan años denunciando los problemas generados por la política privatizadora sobre las aguas del país, ¿de qué manera observan la instalación del tema en la discusión pública y en los grandes medios, históricamente indiferentes a estos conflictos?

Nosotros dijimos que había que visibilizar el conflicto del agua en la provincia de Petorca, que se debía parlamentarizar el debate -no obstante de que tenemos cero confianza en la casta política- y dijimos que había que movilizarse por la recuperación del agua para nuestras comunidades.

Las acciones de denuncia internacional se iniciaron en el año 2016, cuando recibimos a Danwatch (centro de investigación periodística danés) en nuestro territorio. En 2017 recibimos a France-Presse, a France 5 (ambos medios franceses), al canal público alemán ARD y, recientemente, un muy bien documentado reportaje en el periódico británico The Guardian.

El estado actual del Río Ligua

Lo que es curioso es que cuando se coloca en el centro de la discusión planetaria la situación del agua en la provincia de Petorca y se comienza a amenazar la compra de palta de grandes productores que roban agua, toda la prensa nacional comienza a reaccionar.

La verdad es que la denuncia internacional cumplió su propósito. A nivel planetario, está instalado el hecho de que en Chile, y en particular en la provincia de Petorca, se viola el derecho humano al agua. Hay un rechazo categórico a la mercantilización de las aguas, pero esto no ha sido gratis, porque el primer reportaje de marzo de 2017 significó que algunos hombres y mujeres, que tuvieron el coraje de denunciar la situación, recibieran amenazas de muerte.

Ha salido Ronald Bown, presidente de la Asociación de Exportadores de Chile, a relativizar el problema del agua en la provincia de Petorca. Francisco Contardo, gerente general del comité Palta Hass Chile, ha señalado que quienes luchan por el agua en la provincia de Petorca son personas irresponsables, que están destruyendo la agricultura y la economía local, en circunstancias de que precisamente esos hombres y mujeres son quienes durante muchos años han luchado por agua, han sido criminalizados, perseguidos, censurados e incluso amenazados de muerte.