Diputado presentará proyecto de ley que obligará a los sacerdotes a denunciar los abusos

El diputado Raúl Soto (PDC), anunció que impulsará un proyecto de ley para obligar a los sacerdotes a denunciar los delitos de los cuales tomen conocimiento.

La iniciativa se presenta en medios de los graves hechos conocidos, últimamente, sobre abusos cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes por diferentes personeros vinculados a la Iglesia Católica.

“Existe una aparente política de encubrimiento, reconocida incluso por el papa Francisco en diversos documentos dados a conocer por la prensa”, dijo el parlamentario, asegurando que “la situación se agravó por los acontecimientos denunciados tardíamente en la diócesis de Rancagua, respecto a abusos cometidos por un grupo denominado “La Cofradía”, caso que tiene a 14 sacerdotes suspendidos”, detalló.

“Las normas del derecho canónico reconocen que los obispos y clero en general, deben observar la legislación vigente en cada Estado respecto de los deberes de denuncia ante autoridades civiles. El problema está en que nuestra legislación no contempla esta obligación respecto de ellos”, añadió el diputado por la región de O’Higgins.

“Con esta ley, terminaremos definitivamente con la sensación de impunidad y encubrimiento que hoy existe en la sociedad respecto a estos condenables hechos delictuales que estarían ocurriendo en la iglesia. Hoy si un obispo o sacerdote recibe una información de un eventual delito de abuso sexual contra menores, no tiene ninguna obligación de hacer la denuncia, ya sea por negligencia o encubrimiento, las denuncias no se están realizando, o bien se están haciendo en forma muy tardía. Esto debe cambiar de forma urgente”, explicó.

La propuesta incluirá una norma en el artículo 175 del Código Procesal Penal que contiene un listado de personas obligadas a denunciar, haciendo extensiva esta obligación, además, a las personas relacionadas o adscritas a cualquier institución, asociación, organización o agrupación de carácter religioso, cultural, deportivo, educativo, recreativo o de cualquier índole y tengan conocimiento de la comisión de delitos de abuso sexual contra menores o personas que por su condición de salud o capacidad mental se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.

Fuente: La Nación