La misión de Venezuela en la OEA tachó hoy de «grotesca farsa mediática» el informe elaborado por un grupo de expertos designados por el secretario general del organismo, Luis Almagro. Estos acusan al Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido crímenes de lesa humanidad.
En un comunicado, la misión de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó «su profundo y categórico rechazo» al documento y consideró que es «resultado de un procedimiento ilegal, violatorio de toda norma y principio» del derecho internacional y de las reglas del organismo.
El informe fue presentado hoy en la sede de la OEA en Washington por el panel de juristas convocados por Almagro, sin el concurso institucional. Entre ellos figuran Santiago Cantón, exsecretario ejecutivo de la CIDH; Manuel Ventura Robles, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y Irwin Cotler, exministro de Justicia de Canadá.
Sin valor jurídico
«Dicho documento carece de valor jurídico pues emana de una autoridad usurpada. El secretario general se arroga una atribución que ni la propia OEA tiene como es la de ser una instancia judicial. En tal sentido, no es más que una grotesca farsa mediática», afirma la misión de Venezuela.
La OEA como organización no tiene capacidad para enviar un caso a la CPI pero sí pueden hacerlo cualquiera de los Estados miembros del organismo panamericano que hayan suscrito el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de esa corte.
El informe fue elaborado a partir de 26 testimonios de personas que intervinieron en audiencias celebradas el año pasado en la OEA. Así como decenas de testimonios de víctimas entregados a la Secretaría General y documentos de más de 40 organizaciones no gubernamentales.
Los «expertos» convocados por Luis Almagro, no visitaron nunca Venezuela desde el inicio de la investigación. Tampoco valoraron las denuncias de los movimientos de víctimas de la violencia política. No se conoce que intentarán contacto alguno con las instituciones venezolanas vinculadas a la materia como la Defensoría del Pueblo o el Ministerio Público.
Desde el principio, la misión de Venezuela en la OEA calificó como de «ilegal» las audiencias. Luis Almagro justifica su investigación argumentando que debe cumplir con el acuerdo de cooperación suscrito con la CPI en abril de 2011.
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