Aborto sin causales en Argentina: un debate histórico en tiempos de derecha neoliberal

Cambiemos, desigualdad y una breve recorrida por la historia del aborto en Argentina

La llegada de Cambiemos al gobierno de Argentina, coalición que tiene a Mauricio Macri como cabeza, marcó un claro cambio de rumbo en las políticas sociales y económicas del país trasandino. Con una redistribución de la riqueza que favorece a los sectores más concentrados del sector agropecuario, minero y empresario, junto al sector especulador financiero, las medidas del presidente argentino marcan un claro camino neoliberal. Del otro lado, claro, están los perdedores: pequeñas y medianas empresas (pymes), empresas que apuntan al mercado interno y, sobre todo, los trabajadores, jubilados y pensionados. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) trasandino, la desigualdad medida mediante el índice de Gini creció de 0,372 a 0,427 durante el gobierno macrista, en una escala que va del 0 al 1.

Ahora bien, y aunque parezca contradictorio, es en este contexto donde uno de los reclamos sociales más fuertes vinculados a los derechos de la mujer tiene lugar: el debate por el aborto legal, seguro y gratuito sin ningún tipo de causal más que el deseo de la persona gestante. Cabe destacar que actualmente la ley en Argentina establece dos motivos para la interrupción legal de un embarazo desde el año 2012, tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia: si el embarazo es producto de una violación –no hace falta que haya una denuncia judicial relacionada, sino que se hace mediante una declaración jurada-; y, en segundo lugar, si el embarazo atenta contra la salud de la persona gestante y provoca un riesgo grande para su vida.

El proyecto actual de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito contempla la posibilidad de abortar hasta la semana 14 de gestación, aunque su versión final dependerá del debate interno entre los diputados, ya que coexisten nueve proyectos presentados.

En esa misma dirección, en el 2015 el Ministerio de Salud de Argentina publicó un “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo”. Si bien este Protocolo establece que “es de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino y debe ser puesto en práctica por todas las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas”, el documento carece de estatus de resolución ministerial y no ha sido acompañado por una estrategia firme que promueva su difusión y aplicación por parte de las autoridades federales, tal como señala la organización Economía Femini(s)ta.

Un país atrasado en relación al derecho al aborto

A tres años de la publicación del “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo” y a seis del fallo de la Corte Suprema trasandina, solo ocho de las veinticuatro jurisdicciones poseen protocolos de atención de los abortos no punibles (Chubut, Misiones, Santa Cruz, Chaco, Jujuy, La Rioja, Santa Fe y Tierra del Fuego).

Además, otras ocho (Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Córdoba, Neuquén, Río Negro y Salta) dictaron protocolos que incluyen requisitos que dificultan, en vez de facilitar, el acceso de mujeres a servicios de aborto seguro y a los cuales tienen derecho a acceder. Otras ocho jurisdicciones (Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán) no han dictado protocolo alguno. En resumen: más de la mitad de las jurisdicciones del país aún no cuenta con una normativa que asegure, de modo efectivo, el ejercicio de un derecho que las mujeres tienen, con distintos matices y restricciones, desde 1921.

Un panorama que obliga a la lucha

En Argentina, así como en la gran mayoría de países de América Latina, la clandestinidad del aborto es una problemática urgente que afecta la vida de miles de mujeres ignoradas por el Estado. La falta de políticas públicas alrededor de la salud sexual y reproductiva genera un vacío que se justifica desde una perspectiva moral y religiosa y que implica darle la espalda a hechos concretos, desestimando la voluntad de la mujer. Las estadísticas, tanto en Argentina como en otras regiones del mundo, muestran que el aborto es una realidad que no puede negarse a pesar de ser estipulado como un delito en el actual código penal.

Cabe señalar, en esa dirección, que la mayor diferencia reside en que, si se tiene en cuenta a aquellos lugares en donde se encuentra legalizado, las muertes de mujeres y personas gestantes producto de la realización descienden exponencialmente, gracias a un sistema de salud pública que garantiza acompañamiento. De esta manera se evitan situaciones de vulnerabilidad propias de la clandestinidad, así como también se equiparan derechos entre las distintas clases sociales.

Si bien la clandestinidad en la que esta práctica ocurre hace que sea difícil contabilizar el número exacto de abortos y de personas gestantes muertas producto de intervenciones precarias, los datos que suelen utilizarse en artículos periodísticos e informes de organizaciones que luchan por la legalización no carecen de fundamentos. Tal como explica en un informe Amnistía Internacional, el cual recoge el medio web local La Primera Piedra, la última medición disponible sobre la cantidad de abortos realizados en Argentina corresponde a un trabajo de investigación de las demógrafas Edith Alejandra Pantelides y Silvia Mario a pedido del Ministerio de Salud trasandino en el año 2005.

Ahora bien, eso no implica una carencia de datos: desde organizaciones feministas y partidos políticos se maneja la misma información al respecto: entre 400 mil y 500 mil abortos clandestinos se realizan cada año en Argentina, lo que causa un aproximado de entre 200 y 300 personas gestantes fallecidas por complicaciones derivadas, en muchos de los casos, de la falta de recursos y medidas de seguridad necesarias durante el proceso.

Ante este panorama, a 30 años de la primera comisión para tratar el aborto en los Encuentros Nacionales de Mujeres, y luego de 13 del nacimiento de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina, el tema se transformó en una demanda masiva. La fuerza del reclamo logró instalar, al interior de los medios y las redes sociales, un debate que hace años era completamente inexistente.

¿Por qué un Gobierno de derecha habilita discutir sobre el aborto?

Luego de que el proyecto de ley por la Interrupción Voluntaria del Embarazo perdiera estado parlamentario por sexta vez consecutiva en Argentina, siendo ignorado durante los doce años de kirchnerismo, se convocó a una “pañuelazo” donde de miles de personas se congregaron frente al Congreso sosteniendo en alto el pañuelo verde que llegó a convertirse en un símbolo por la legalización de un derecho esencial. Así, con un tema que ganó cada vez más visibilización, el gobierno de Mauricio Macri dio vía libre para que el Congreso tratara el tema y se llegue a discutir, por primera vez en la historia, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. De todas formas, el camino no será nada sencillo.

En primer lugar, cabe destacar las contradicciones dentro del propio Poder Ejecutivo trasandino, donde gran parte de sus máximos representantes se mostraron en contra del aborto. Uno de ellos es, por supuesto, el propio Mauricio Macri, quien en reiteradas ocasiones señaló: “Estoy a favor de la vida, pero no se lo impongo a nadie. Hay libertad de conciencia”, en relación al voto que efectúen los legisladores de su partido en ambas cámaras. Ahora bien, ¿qué libertad puede existir cuando tu principal jefe político sienta su postura con claridad? Para aclarar dudas, el propio Macri reforzó que no intervendrá en el debate: “Es una discusión parlamentaria, lo vamos a mirar desde lejos”.

En la misma dirección apuntó la vicepresidenta argentina, Gabriela Micheti, quien no dudó en afirmar: “No me gusta esta cuestión de que me pongan ante la necesidad u obligación de tener que elegir por una vida o por la otra vida». «Yo soy pro vida, soy de los que creen que hay que defender la vida desde la concepción», insistió por su parte Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y uno de los posibles presidenciales dentro de la alianza Cambiemos. Lo mismo señaló María Eugenia Vidal, gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y la política con mayor imagen positiva de Cambiemos gracias a la protección mediática con la que cuenta: «Estoy en contra, pero lo más importante es que se abrió el debate. No sólo está bueno que se esté discutiendo, sino que a mí me gusta la manera en la que se está discutiendo”.

Gobernadores, diputados, senadores y ministros se manifestaron en la misma dirección, aunque también los hubo quienes se mostraron a favor del aborto legal, seguro y gratuito, entendiendo que el debate no es religioso ni ético, sino político. Daniel Lipovetsky, diputado de Cambiemos y presidente de la Comisión de Legislación general, es uno de los responsables de las exposiciones que todos los martes y jueves tienen lugar en el Congreso. En reiteradas ocasiones señaló al debate por el aborto legal como una deuda de la democracia y asegura que para mediados de junio es probable que el debate llegue a debatirse en Diputados y alcance la media sanción. En Senadores, sobre todo teniendo en cuenta la estrecha relación entre las provincias y la Iglesia Católica, el debate parece más complejo.

La respuesta sobre el por qué un gobierno conservador decide habilitar el debate por el aborto no resulta sencilla. De todas las hipótesis posibles, hay una que resulta difícil de debatir: el impulso de la lucha feminista y el arduo trabajo que se viene haciendo desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desoír ese reclamo es un costo político muy alto para cualquier presidente y eso los asesores de Macri lo tienen bien en claro. Al respecto, desde la Campaña, aseguran: “En las últimas semanas la sociedad argentina ha demostrado que no solamente está preparada para discutir sobre el aborto, sino que toma posición a favor de la despenalización y legalización de esta práctica histórica”. Es allí donde la respuesta puede comenzar a hallarse.

Cómo sigue la lucha y cuáles son los pasos a seguir

De acuerdo con el cronograma ofrecido por organizaciones feministas, diputados de la oposición y del oficialismo, se espera que para finales de mayo ya se obtenga el dictamen necesario para que la discusión pase al recinto parlamentario, por lo que a mediados de junio se debatiría en el la Cámara de Diputados. En caso de aprobarse, algo que no es difícil de imaginar gracias a la visibilización del tema en las últimas semanas, el proyecto pasará a las comisiones del Senado y, una vez superada dicha instancia, a la Cámara de Senadores. Tal como señalamos anteriormente, la también llamada cámara baja representa el mayor obstáculo para la legalización del aborto.

La estrecha relación de los senadores con sus provincias, las cuales a su vez mantienen un vínculo fuerte con la Iglesia Católica, es el principal camino a desandar para la militancia a favor del aborto en Argentina. En los recuentos provisionales, la postura en contra del aborto legal seguro y gratuito aún tiene más peso, pero también existen casos como el de la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien habría cambiado su histórica postura y apoyaría al proyecto. Las próximas semanas, en definitiva, serán claves en Argentina para que el aborto deje de ser un secreto a voces y se convierta en un derecho.

Artículo publicado en la edición n°222 de la revista El Ciudadano.