Juan Manuel Santos culpable por situación de vulnerabilidad de niños en La Guajira colombiana

Situación de de los niños en La Guajira es vulnerable, debido al incumplimiento de los derechos fundamentales, como el acceso a la atención médica, educación y alimentación.

«Existe un incumplimiento de los parámetros mínimos constitucionales aplicables a las políticas públicas del Gobierno Nacional, del Departamento de La Guajira, de los municipios (…) de las autoridades indígenas con jurisdicción en esos municipios».

Así lo calificó la Corte Constitucional de Colombia, de acuerdo a una inspección realizada en la que se constató que la situación de los niños de la etnia Wayúu es crítica.

En este sentido, el organismo  responsabilizó al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, por no atender la situación y no garantizar la seguridad e integridad de los infantes.

El fallo emitido por la la Sala Séptima de Revisión de la Corte Suprema, ordenó dar cumplimiento y seguimiento cada seis meses a la situación de los derechos intrínsecos de los infantes, debido a que no existe ningún documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que establezca el amparo de los mismos.

«No existe ningún documento que recoja de forma sistemática todos los Compromisos Institucionales para Garantizar los derechos de los niños wayúu», aclara el máximo Tribunal.

Igualmente, ratificó su apoyo al decreto emitido por el Tribunal Superior del Municipio de Riohacha (en La Guajira) en marzo, el cual  exigió a las autoridades gubernamentales restablecer el agua potable en la zona.

«No es suficiente que las comunidades tengan a su disposición pozos o jagüeyes, si el agua que se obtiene de ellos no es apta para el consumo humano», puntualiza el texto.

Mortalidad por desnutrición

El índice de desnutrición crónica en La Guajira actualmente alcanza el 27.98 por ciento, ya que el 40 por ciento de la población no tiene acceso a los alimentos y el 55 por ciento de los habitantes viven en condiciones de pobreza extrema, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Gobierno de Colombia por medio de un mandato legal solventar la crisis.

Ante la compleja situación, la Corte Constitucional de Colombia ordenó cumplir con los indicadores de tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años para el Departamento de La Guajira, y así alcance la meta establecida en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional o alcance el nivel promedio del país.