A fines de mayo, el Gobierno presentó el proyecto de reforma constitucional de Equidad de Género, el cual busca establecer como deber del Estado el promover y garantizar la igualdad de derechos, deberes y dignidad entre hombres y mujeres. La iniciativa forma parte de la “agenda de género” impulsada por el Ejecutivo, con el fin de abordar la demanda social levantada por el movimiento feminista en el país.
A pesar de las maniobras del gabinete de Piñera, la bancada feminista Julieta Kirkwood consideró “insuficiente” el proyecto, al no poder “garantizar” en la práctica la equidad de género. Por lo mismo, cuatro diputadas acudieron a la comisión de Constitución de la cámara baja para entregar sus indicaciones a la reforma constitucional.
Según apunta La Tercera, Karol Cariola (PC), Camila Vallejo (PC), Maite Orsini (RD) y la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández (PS), plantearon consagrar en la Constitución la igualdad salarial entre hombres y mujeres; así cómo garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Junto con proponer el derecho a una educación no sexista, la indicación de las parlamentarias establece el derecho para todos y todas respecto de la “autonomía de su propio cuerpo y la protección de su libertad e indemnidad sexual”.
De acuerdo a la publicación del matutino de Copesa, el planteamiento de la bancada feminista asume como deber del Estado garantizar “el derecho a la salud sexual y reproductiva” y la implementación de “los mecanismos legales necesarios para reconocer el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado”.
El texto contiene indicaciones que afectan a los tres poderes del Estado. Por ejemplo, establece que el Estado debe promover la “representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de funciones públicas, así como en las instancias de dirección y decisión”.
En relación al Legislativo, incluye dentro de los “deberes del Congreso” la obligación de “tutelar, legislar y promover medidas afirmativas que garanticen la igualdad plena de goce y ejercicio de los derechos establecidos por la Constitución”; mientras que sobre el Judicial apuestan por criterios de “paridad de género” en el proceso de nombramiento de los jueces de la Corte Suprema.
“Si el gobierno realmente tiene un interés de generar un cambio constitucional con efectos concretos tienen que entender que la necesidad de una reforma estructural es urgente. No necesitamos cambios cosméticos, sino reales”, señaló Karol Cariola, según consigna La Tercera.
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