El ataque expansivo contra los profesionales de la comunicación y el ejercicio del periodismo representa hoy la amenaza más directa y significativa a la libertad de expresión en México. Así lo señalan los relatores especiales para la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), David Kaye y Edison Lanza, respectivamente.
Advirtieron sobre algunos factores que afectan la libertad de prensa y la expresión individual: prácticas intimidatorias, discrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial, despido de reporteros con posturas críticas al régimen, falta de pluralismo en la titularidad y criterio editorial de los medios, y la vigilancia digital y el espionaje a periodistas.
Los relatores dieron a conocer este martes su informe final sobre la visita de trabajo que realizaron a México entre finales de noviembre y principios de diciembre de 2017. Allí, dan cuenta de la delicada situación que enfrentan los periodistas y la libertad de expresión en el país ante ataques tanto de actores oficiales como del crimen organizado.
Asimismo, lamentan que la constante en los crímenes contra el gremio sea la impunidad, pues los datos muestran que al menos 99.6% de los casos no han sido esclarecidos por las autoridades correspondientes.
“Las amenazas físicas y la intimidación constituyen la forma más extendida de ataques contra periodistas. También son comunes las agresiones físicas y los secuestros”, reseña el texto.
Asesinatos de comunicadores
Kaye y Lanza manifestaron su preocupación por los asesinatos de comunicadores. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde 2010 hasta la fecha se han perpetrado 73 homicidios, 12 desapariciones forzadas y 44 intentos de asesinato. Además, entre 2006 y 2017 se registran 52 ataques contra medios de comunicación.
“Muchos de los ataques han tenido como víctimas a periodistas que informaban sobre corrupción, narcotráfico, colusión de funcionarios públicos con la delincuencia organizada, violencia policial y temas electorales”.
El informe asienta que las víctimas también enfrentan obstáculos estructurales en las instituciones judiciales y gubernamentales que a menudo les impiden obtener resarcimiento, lo que podría provocar la revictimización de los periodistas que son blanco de ataques o actos de intimidación. La desconfianza de los periodistas en las autoridades es tal, sobre todo en las instancias estatales, que no se atreven a denunciar las agresiones al sospechar que puede haber colusión entre autoridades y la delincuencia organizada.
De igual manera, consideran que si bien, la creación del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) son avances importantes, hasta ahora no han logrado erradicar la violencia contra este gremio ni han contribuido significativamente a combatir la impunidad y recuperar la confianza pública.
Por lo tanto, recomiendan dotar a ambas instancias de los recursos humanos y materiales suficientes para que puedan cumplir a cabalidad sus objetivos.
Los dos funcionarios hicieron una larga serie de recomendaciones al Estado mexicano a fin de mejorar las condiciones de los comunicadores en el país y garantizar la libertad de expresión. Se refirieron a seis tópicos: seguridad de los periodistas, vigilancia, acceso a la información, publicidad oficial, diversidad y pluralismo en los medios y medidas legislativas.
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