Crece el rechazo por las controversiales políticas migratorias que implementa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con ello también incrementa la presión para poner fin a la separación de niños de sus padres indocumentados.
El mandatario está cada vez más solo en su partido por las consecuencias que ha traído la llamada «toleracia cero». Legisladores republicanos, destacadas voces conservadoras y la Cámara de Comercio de EE. UU. exigen acabar con las rupturas de familias.
Sin embargo, el presidente estadounidense una vez más defendió este martes con vehemencia su política y redobló su discurso de demonización de la inmigración. La polémica migratoria amenaza con convertirse en un quebradero de cabeza para los republicanos y desatar una brecha interna a cinco meses de las elecciones legislativas, publica El País.
En el Congreso se dieron algunos primeros pasos para acabar con la separación de padres e hijos, y esperan llegar a un acuerdo esta misma semana, aunque existen divergencias de calado sobre cómo lograrlo.
Entretanto, Trump intenta esquivar sus responsabilidades con el tema, tratando de culpar falsamente a los demócratas. «Los demócratas son el problema. No les importa la delincuencia y quieren que inmigrantes ilegales, sin importarles cómo de malos puedan ser, entren e infesten nuestro país, como el MS-13. No pueden ganar con sus políticas terribles, por lo que los ven como sus votantes potenciales», escribió en Twitter.
El objetivo del presidente norteamericano, es que cualquier cambio de la ley, incluya restricciones a la llegada de extranjeros a Estados Unidos y conseguir los fondos que sean necesarios para cumplir con su promesa de levantar un muro.
Segregación de más de dos mil niños
En abril la Fiscalía decidió presentar cargos penales a cualquier adulto que entre ilegalmente a EE. UU; como los menores no pueden ingresar en prisión, son limitados a estar sin sus padres. Desde entonces, más de 2.000 niños han sido segregados de sus progenitores.
Las únicas limitaciones que condicionan a las autoridades son leyes y sentencias judiciales. Un menor de edad, que haya llegado solo a la frontera o haya sido separado de sus padres al entrar a la nación, puede pasar un máximo de 72 horas en un centro policial. Tras ese plazo, pasa a estar bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Sociales, que debe buscarle una familia sustituta. Por otra parte, en caso de estar juntos, los tribunales limitan a 21 días el tiempo que una madre puede estar con su hijo en un centro de detención. Al separarlos, esa limitación desaparece.