Este 20 de junio se conmemora el Día Mundial de los Refugiados. En este contexto, la mayor comunidad de solicitantes del estatuto de refugiado en Argentina viene sufriendo una creciente envestida contra sus derechos humanos. Durante los últimos meses, los barrios de Flores y Balvanera fueron testigos de operativos policiales desproporcionados para perseguir a vendedores ambulantes, en su mayoría de nacionalidad senegalesa, allanamientos violentos e injustificados, intimidación constante, hostigamiento y reiterados episodios de violencia física y verbal contra trabajadores senegaleses, ejercidos por la Policía de la Ciudad.
El 5 de junio Kane Serigne Dame fue abordado de manera violenta en plena vía pública por funcionarios policiales y terminó con una profunda herida en su brazo derecho e imputado en dos causas judiciales. Las causas, además de constituir una respuesta que criminaliza la venta ambulante, reducen las posibilidades de que se investigue a los funcionarios policiales que le provocaron lesiones. Si bien este hecho cobró especial notoriedad, no se trató de un episodio aislado: la comunidad senegalesa viene denunciando un gravísimo incremento –en cantidad e intensidad– de diferentes formas de persecución y violencia por parte de la policía desde 2016, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como la de La Plata, y en localidades del conurbano bonaerense sur.
Durante este año, la comisaría 50 del barrio de Flores protagonizó una serie de operativos violentos y sistemáticos, en los que los vendedores senegaleses resultaron imputados por supuesta “resistencia a la autoridad”. El inicio de estas causas penales, que encubren detenciones arbitrarias, asimismo les provoca complicaciones con las autoridades migratorias, que incluso pueden llegar a provocar su expulsión del país.
Los altos niveles de violencia institucional motivaron la reacción de toda la comunidad, así como de múltiples organizaciones sociales y de derechos humanos y de los vecinos, quienes se manifestaron el jueves 7 de junio en el barrio de Flores. Sin embargo, apenas un día después de esta movilización, la policía de la Ciudad, bajo las órdenes de la fiscalía porteña, realizó un operativo que incluyó más de 20 allanamientos en distintos hoteles y viviendas de senegaleses y en locales comerciales donde trabajan, y detuvo durante más de 24 horas a 24 de ellos.
Estos episodios de violencia se enmarcan en un contexto de hostigamiento institucional y discriminación racial contra la comunidad senegalesa en Buenos Aires, que viene denunciando un incremento de operativos en la vía pública con poca observancia de las garantías judiciales. Tanto la policía como la fiscalía utilizan un perfil racial para la criminalización de los trabajadores senegaleses. En junio de 2017, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Discriminación Racial ya había expresado su preocupación por la escalada de violencia contra los migrantes africanos en Argentina, expuestos al acoso y la extorsión por la policía, y la ausencia total de mecanismos de protección a los que puedan acceder.
A partir del conocimiento público de estos repudiables actos, un conjunto de organizaciones de migrantes y otras organizaciones sociales comprometidas con los derechos humanos denunciamos el trato discriminatorio, racista y violento contra la comunidad senegalesa y manifiestan su profunda preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía de la Ciudad; y exigen a las autoridades que pongan fin a las prácticas extorsivas, discriminatorias y persecutorias contra los migrantes africanos, y una investigación imparcial e independiente de los hechos que determine la responsabilidad de los autores de los excesos.
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