Siete años después, Grecia aún padece las rudas condiciones impuestas por la troika para el programa de pagos de su deuda. La nación helénica fue sometida a medidas de ajuste que incluyen la privatización de casi todo su aparato estatal, tras recibir préstamos de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.
El Fondo de Privatizaciones Griego (HRADF) prevé alcanzar en este 2018 el objetivo de ingresos acordado entre el Gobierno y las instituciones acreedoras. La meta es recaudar dos mil millones de euros. De concretarse, será la primera vez, desde su creación en 2011, que el fondo logra su objetivo fiscal anual.
Para lograr el pago a los acreedores, Grecia ha tenido que optar por una serie de medidas que generan descontento en la población y que sumergen al país en multitud de protestas, huelgas y una tasa de desempleo que ronda el 22%, la más alta de Europa.
Vendiendolo todo para pagar
Los objetivos se logran a cambio de ventas, recortes y privatizaciones establecidas por el Fondo de Privatizaciones que, a principios de año inició la venta del 5% del capital de la compañía de telecomunicaciones OTE, por 284 millones de euros (329 millones de dólares), así como el 67% de la Autoridad Portuaria de Salónica (THPA), por 231.9 millones de euros (267.6 millones de dólares).
También pautaron la venta del 66% de la operadora de distribución de gas natural (DESFA) por 251.3 millones de euros (290 millones de dólares). Otros 22 millones de euros (25 millones de dólares) llegan por la venta de la Compañía de Mantenimiento de Ferrocarriles de Grecia, mientras que 1.100 millones de euros (1.300 millones de dólares) por la concesión del aeropuerto internacional de Atenas, entre otras.
Para la gente todo está igual o peor
La población considera que este paquete de «rescate financiero» no ha contribuido en nada a solventar la situación social que atraviesa el país, pues desde el inició de la crisis la nación europea ha perdido más del 25% de sus riquezas.
El primer «rescate» llegó en 2011. Luego, en 2015, Grecia firmó un acuerdo con sus acreedores en el que se comprometió a reformar el sistema de pensiones y el mercado laboral, así como a establecer un fondo para privatizaciones a cambio de un préstamo por más de 100 mil millones de dólares.
Desde entonces, el país enfrenta a una serie de reformas laborales y recortes de al menos 1.400 millones de euros (1.600 de dólares) en el sistema de pensiones, esto como parte de las imposiciones del FMI.
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