Una comisión Rettig para la prensa

Debió ser porque la mitad del país estaba de vacaciones y la otra mitad pensaba en ellas, que el editorial de El Mercurio con motivo del Bicentenario de la Prensa en Chile pasó desapercibida. Yo también tenía mi mente puesta en arena y agua salada, pero el texto editorial de ese periódico me impactó de tal manera que, aun después de desconectarme del celular y Facebook por una semana, no he podido olvidarlo. Si usted no tuvo la misma suerte que yo de encontrarse con este texto de antología surfeando la web, le cuento: el 15 de febrero, El Mercurio publicó un editorial titulado “Bicentenario de la Prensa”, en la que comenta la significancia que tiene que al Bicentenario de la Independencia y al del Congreso Nacional, siguiera la celebración de los 200 años de la prensa en Chile:

“Hay un vínculo evidente y necesario entre esos tres pasos en la gestación de una república democrática. El país puede sentirse satisfecho de haber desarrollado durante dos siglos una tradición de prensa atenta, polémica, combativa, que ha sabido prevalecer contra los embates de intereses públicos y privados cuando quiera que se ha tratado de someterla a otros objetivos o acallarla. En nuestra historia, una razonable alternancia entre oposición y gobierno ha hecho que quienes han dedicado su vida a la prensa hayan tenido a menudo ocasión de sentirse mejor expresados por una u otro, y eso ha contribuido a que se haya ido consolidando paulatinamente una línea de respeto gubernamental para con la libertad de expresión e información, que la Constitución de 1980 y sus reformas han reforzado” (El subrayado y las cursivas los he puesto yo).

Es posible tener distintas interpretaciones sobre cuál debe ser el papel de la prensa en una sociedad democrática y qué puede exigirse a los medios de comunicación -particularmente y para seguir el argumento de El Mercurio, a la prensa escrita-. Sin embargo, creo que hay que desafiar demasiada evidencia y extrapolar en exceso la cobertura que otorga la llamada “línea editorial” de los medios, para aceptar como un hecho irrefutable que Chile ha tenido durante dos siglos una “prensa atenta, polémica y combativa” en la cual, deduzco de este texto, que El Mercurio se incluye.

Esto es al análisis de la historia de la prensa en Chile, lo que a la política sería decir que en Chile no hubo detenidos desaparecidos.

El Mercurio y La Tercera, los dos únicos diarios a los que la dictadura permitió circular después del Golpe, no sólo no fueron “atentos, polémicos y combativos” entre 1973 y 1990, como está demostrado en un sinnúmero de investigaciones, entre las cuales, como referencias, me permito citar al menos tres: “Chile inédito”, de Ken Dermota; “Límites a la tolerancia”, de Human Rights Watch, y el documental “El diario de Agustín”. El propio informe Rettig al analizar el papel de la prensa en esos años ha dicho: “La prensa continuó haciéndose portavoz de las versiones oficiales de sucesos relacionados con detenidos desaparecidos que pretendieron ocultar la responsabilidad de agentes del Estado chileno y que fueron presentadas como ‘la verdad’ de lo ocurrido, en circunstancias de que, en muchas ocasiones, existían motivos plausibles para dudar de tales versiones (…) Por regla general, los medios de comunicación mantuvieron en el periodo que nos ocupa una actitud tolerante con las violaciones de derechos humanos y se abstuvieron de emplear su influencia en procurar evitar que ellas continuaran cometiéndose”.

Por mucho que aceptemos el predicamento de que la objetividad no existe, el periodismo como oficio exige un mínimo de curiosidad y espíritu crítico, el respeto a tareas mínimas de verificación de la información que recibe, el resguardo a nociones éticas básicas que son esperables en el amplio espectro ideológico de los medios de comunicación y que constituyen el contrato del medio con su audiencia. Ese menú de conductas y procedimientos se violó flagrantemente en numerosos episodios en El Mercurio y otros medios de comunicación durante la dictadura.

¿Estuvieron obligados esos directores, editores y periodistas a cometer tales faltas? ¿A tratar de “presuntos” a los detenidos desaparecidos hasta que las versiones de ajusticiamientos en el extranjero y maridos infieles se desplomaron por el hallazgo de osamentas en Lonquén? ¿Estaba fuera del alcance de esos medios de comunicación acudir a las técnicas básicas del reporteo para averiguar si era cierto que existían centros clandestinos de tortura, impedidos de investigar los métodos de la Dina y la CNI?

Si es así, entonces lo que cabría esperar de la prensa y de uno de los dos diarios que pudo circular sin interrupciones durante toda la dictadura y que tenía acceso a las más altas autoridades del Estado, es que hiciera un mea culpa. Decir, como ha dicho el actual presidente de la Corte Suprema, que no pudo hacer otra cosa, es admitir que tuvieron miedo. La ciudadanía al menos podría juzgar si son aceptables tales disculpas. Esta autocomplacencia que pretende convertir la falta en virtud se parece a una ley de aministía por decreto y sin debate.

Es cierto que el editorial que comento menciona la suspensión “excepcional” de la libertad de expresión en dos períodos en la Historia de Chile, pero lo hace para destacar la regla y sin el mínimo asomo de reconocimiento de la responsabilidad propia:

“En estos dos siglos, la libertad de prensa en nuestro país -a diferencia de muchos otros en la región y el mundo- no ha sufrido interrupciones sino muy excepcionales, como en los ocho meses de la guerra civil de 1891 y durante el gobierno militar que siguió al derrumbe de la democracia en 1973, e incluso en los últimos años de dicho gobierno se había retornado ya cercanamente a la normalidad del pluralismo en esta materia”.

En este editorial, El Mercurio recurre a la práctica pusilánime de aminorar las faltas propias y vestirse con los méritos ajenos, pues cuando señala que en los últimos años de dictadura había un pluralismo cercano a lo normal, parece estarse refiriendo al trabajo de los medios de oposición que pudieron prosperar no precisamente gracias al apoyo de la Sociedad Nacional de la Prensa.

El editorial de El Mercurio concluye que en estos 200 años “la prensa chilena ha sido informativa, fiscalizadora y en cierto sentido también cívicamente formadora”. Es triste constatar que ese periódico no haya aprovechado el Bicentenario para revisar sus actuaciones en el pasado y pedir perdón por las transgresiones que cometió durante los años de la dictadura. En eso, le llevan ventaja el Ejército y aún el Poder Judicial. Tal vez habría que hacer, como propuso en alguna entrevista Ascanio Cavallo, un Informe Rettig de la prensa.

(Para quien pudiera pensar que estos párrafos han ido escogidos antojadizamente, tergiversando la intención original del articulista, lo invito a leer el artículo completo AQUÍ ).

Por Alejandra Matus

Periodista. Master en Administración Pública/Universidad de Harvard.

El Ciudadano Nº120, primera quincena marzo 2012