Esta mañana comenzó en la Cámara de Diputados la discusión que pretendía abordar la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, por su eventual responsabilidad en los casos de abuso policial ocurridos en la región de Aysén durante febrero y marzo de este año. Sin embargo, la iniciativa fue rechaza por 58 votos contra 51.
Durante esta mañana, una serie de rumores daba por hecho el apoyo unánime de la oposición a la acusación constitucional contra el secretario de Estado. Sin embargo, tal como se pudo apreciar a través de la transmisión en directo de la discusión parlamentaria, Rodrigo Hinzpeter libró otra vez de la acusación que podía terminar con su rol como ministro del Interior y alejarlo de ejercicio del poder público durante 5 años.
«Lo que ocurrió se debe al incumplimiento de otras personas. Como la responsabilidad que persigue hacer efectiva la acusación es siempre de carácter personal, resulta improcedente imputar al señor ministro del Interior», argumentó el diputado Rosauro Martínez, en una férrea defensa que fue duramente juzgada por los usuarios de las redes sociales, quienes apuntaron a su pasado en la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) durante la dictadura.
Por su parte, el diputado RN Frank Sauerbaum, señaló que «sólo sería posible abordar una acusación si el ministro hubiera dañado alguna orden constitucional y en los hechos resulta evidente que eso no fue así». Agregó, además, que «el ministro fue parte de la solución que trajo paz a la región, en la permanente búsqueda del diálogo. Un ministro de Estado sólo puede ser declarado culpable por acciones personales, nunca por hechos realizados por terceros».
Uno de los puntos que esgrimieron los parlamentarios en defensa de Hinzpeter fue que la acusación constitucional tiene un carácter estrictamente jurídico y no político, lo que fue refutado por miembros de la oposición, quienes recordaron la acusación constitucional vivida por la ministra de Educación Yasna Provoste durante el Gobierno de Michelle Bachelet. «En ese entonces no se pudo establecer causar jurídica, ninguna. Fue una acusación netamente política que separó por cinco años de sus actividades cívicas a una excelente ministra de educación. La Cámara de Diputados posee la facultad de analizar la conveniencia o pertinencia de las acciones del ministro», argumentó la diputada PPD Adriana Muñoz.
Siete diputados ausentes fueron decisivos en el resultado final de la votación: Cristián Campos (PPD) -con licencia médica-, Jorge Sabag (DC), Fernando Meza (PRSD, José Pérez (PRSD), Alberto Robles (PRSD), Ramón Farías (PPD) y Felipe Harboe (PPD) -quien se encontraba en pareo con el diputado Alejandro Santana, por lo que su voto no tenía influencia-. Entre los diputados del bloque de oposición que rechazaron la acusación constitucional contra Rodrigo Hinzpeter se encuentra la diputada Alejandra Sepúlveda (PRI).
Al finalizar la votación, Hinzpeter fue felicitado por los parlamentarios que defendieron su gestión y se aprovechó de cuestionar a la oposición por «plantear acusaciones constitucionales sólo para darse un gustito». Al mismo tiempo, desde el público presente en el parlamento se escuchaba «pueden seguir reprimiendo a los estudiantes, Hinzpeter y Carabineros puede seguir reprimiendo a la gente.»
Noticia en desarrollo
Por Vanessa Vargas Rojas
El Ciudadano
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