El Instituto Nacional de Derechos Humanos y representantes de organizaciones de derechos humanos nacionales, estuvieron presentes en la audiencia de ayer –miércoles 2 de mayo-. Más de 130 peritos y cinco meses de audiencias sucesivas utilizó la Fiscalía para entregar sus pruebas, sin aportar evidencia concluyente y, por el contrario, siendo acusados de diversas irregularidades, algunas de las cuales son objeto de investigación administrativa.
El pasado viernes, tras más de cinco meses de audiencia sucesivas, la fiscalía concluyó su presentación de pruebas -cerca de 130 testimonios de peritos y testigos- en contra de seis imputados en el denominado “Caso bombas”, bajo la invocación de la ley antiterrorista, el que hasta ahora ha estado marcado por graves irregularidades y que el miércoles 2 de mayo comenzó a conocer las declaraciones y testimonios de las defensas.
Frente a estas denuncias y encontrándose el juicio pronto a entrar en su fase de término, pues los abogados defensores han estimado en máximo dos semanas el tiempo que ocuparán en sus presentaciones, representantes de organizaciones de derechos humanos (CINTRAS, CECT, Observatorio Ciudadano, y Psicólogos por Ñuñoa), además de un abogado del Instituto de Derechos Humanos que se acercaron al Centro de Justicia a presenciar la audiencia, con el objetivo de cautelar los derechos de los imputados y que se respeten las normas del debido proceso.
NI TRAZAS, NI ADN
El primero de los testimonios de hoy fue el de la bioquímica Shirley Villouta, a quien le correspondió verificar la presencia de trazas de nitrato en evidencia obtenida en el marco de los violentos allanamientos con que fueron detenidos los imputados. Afirmando que la evidencia periciada no alcanzaba a contener ninguno de los niveles de concentración de sustancia establecidos para los distintos tipos denominaciones de trazas, los que podrían encontrarse en niveles similares por el uso de anilina o, como acreditó uno de los abogados en esta causa, por el uso de un determinado detergente.
Luego testificó el biotecnólogo médico, Hugo Jorquera, quien debió periciar distintas vestimentas para procurar encontrar perfiles genéticos comparables con los imputados. Sin embargo, el perito aclaró que en las prendas existían más de un perfil genético, que hacían inviable una comparación y por ende una identificación, así que la prueba no sería válida. Cabe destacar, a su vez, que las muestras de ADN les fueron extraídas a los imputados bajo fuerza y por vía indovenosa (hoy basta una férula en la boca), lo que fue considerado como un acto de tortura por observadores de derechos humanos que les visitaron en la cárcel pública cuando se encontraban a más de 40 días de huelga de hambre en 2011.
LAS IRREGULARIDADES DE LA FISCALÍA Y LA CITACIÓN A HINZPETER
Falsificación de instrumento público -en una decena de casos- donde la firma de quien emite testimonio no coincide con la de la persona, hechos que actualmente son objeto de investigación administrativa de la que se hará parte el Consejo de Defensa del Estado; extravío de la cadena de custodia de pericias claves, donde se establecen los movimiento que tienen dichas pruebas y por ende garantizan su veracidad; prácticas dilatorias que le han valido varias costas a la fiscalía aún no canceladas; y el uso de los alcances de la figura de asociación ilícita en juicio, delito del que ya fueron sobreseidos todos los imputados, son algunas de las graves faltas de las que adolece.
La defensa ha citado a declarar al ex fiscal a cargo de la causa, Alejandro Peña, y al Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Este último se negó a presentarse a la audiencia, ofreciendo ser interrogado en su despacho en fecha que fijó para este 18 de mayo.
OBLIGACIÓN DE ACREDITACIÓN PARA LA PRENSA Y PROHIBICIÓN DE FOTOGRAFÍAS
El tribunal informó durante la audiencia, que todos los medios de comunicación que asistan a las audiencias que restan de este juicio, deberán acreditarse, y que están prohibidas las fotografías a los imputados.
Por Paulina Acevedo
Observatorio Ciudadano