Hidrológicas privadas monopolizarán el agua en Costa Rica

El Parlamento de Costa Rica generá una nueva polémica al aprobar una ley que permite construir obras hidrológicas para el aprovechamiento del agua en parques nacionales y rerservas biológicas. Mientras, el ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, se «lava las manos».

Aunque el funcionario insiste en decir que el Gobierno «no se permitirá que los parques nacionales y las reservas biológicas sean explotadas para el aprovechamiento de agua para consumo humano«, lo cierto es que nadie sabe cuál será el comportamiento de otra administración o si la actual gestión decide faltar a su palabra en el futuro cercano.

La polémica ley establece en su primer artículo que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) podrá autorizar la extracción de agua proveniente de fuentes superficiales, así como la construcción, operación, mantenimiento y mejoras de los sistemas de abastecimiento que se encuentren dentro de un área silvestre protegida, “cualquiera que sea su categoría”.

Para representantes de organizaciones como Preserve Planet, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, Fundación Promar y Sea Shepherd Costa Rica, entre otras; consideran que otorgar permisos para proyectos de infraestructura de acueductos de gran escala dentro de parques nacionales y reservas biológicas resulta “altamente dañino y peligroso”.

Además, afirman que la ley autoriza disminuir los parques nacionales y reservas biológicas al desafectarlas o separar secciones de estas, “sin ninguna consideración de las características ecológicas” de estas áreas.

Capital privado

El ministro de Ambiente aseguró que la gran mayoría de proyectos que están pendientes de poder extraer agua en reservas y zonas protectoras son de propiedad privada. “No estamos en peligro y no vamos a poner en peligro los parques nacionales, porque hay suficiente agua en las otras áreas protegidas que no son patrimonio del Estado”, dijo.

En Costa Rica, las áreas silvestres protegidas han sido claves en el suministro de agua, no solo para consumo, sino para generación eléctrica y para el sector agrícola, por lo que causa suspicacia los intereses que pueden tener los propulsores de la ley.

Si más de la mitad de las áreas silvestres protegidas son privadas y todos los bosques y terrenos forestales pertenecen a instituciones autónomas donde solo pueden autorizarse labores de investigación, capacitación y ecoturismo, está claro que serán las empresas hidrólógicas e hidroléctricas la más beneficiadas.