El ministro de Agroindustria de Argentina, Luis M. Etchevehere, y el secretario de Agricultura Familiar y Coordinación y Desarrollo Territorial, Santiago Hardie, anunciaron la eliminación del Monotributo Social Agropecuario a Costo Cero, que existe como beneficio desde el año 2009, destinado a organizaciones indígenas y campesinas y de pequeños productores.
Este incentivo daba la posibilidad de facturar para la venta de sus productos de manera directa, sin intermediación, e incluso pudiendo vender a las mismas instituciones del Estado, además de beneficios sociales como el aporte jubilatorio y obra social para todo el grupo familiar.
Con la decisión gubernamental, al menos 50 mil titulares y 105 mil personas beneficiadas con la obra social perderán este derecho, mientras los inscritos serán migrados al Registro de Efectores Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, debiendo pagar el productor el 25% del beneficio, que serían actualmente unos 258 pesos por mes (10 dólares).
«A partir del 1º de enero de 2019, los productores familiares mantendrán su inclusión en el Registro de Efectores Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y serán beneficiarios del actual Monotributo Social, manteniéndose así el aporte del 75% del beneficio a cargo del Estado Nacional o podrán optar por darse de baja del régimen», expresa el comunicado del Ministerio.
En caso de abandonar el MSA, el productor deberá pagar la mitad de la obra social al fisco en un contexto donde cada vez son mayores las dificultades en la venta de sus productos y el encarecimiento del pago de servicios, como por ejemplo la electricidad, para quienes tienen pozos de agua para regar sus cultivos.
El rechazo también fue expresado por decenas de organizaciones vinculadas con el sector como la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), el Movimiento Nacional Campesino e Indígena (MNCI), Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA), entre otras.
Los trabajadores denuncian que “el nuevo gobierno, desde su inicio, a aplicado olas de despidos en la institución, 250 compañeros en 2016 y más de 160 en abril de 2018, reduciendo la planta del personal más de un 20%. A esto se suma la precariedad laboral con contrataciones transitorias o monotributo. Existe un desfinanciamiento total de la política pública, iniciada paulatinamente cinco años atrás, y es completa en la actualidad no contando con financiamiento propio para proyectos del sector”.
El ministerio de Agroindustria, con esta política, garantiza más beneficios y ganancias para los empresarios y terratenientes del agro, bajando o quitando retenciones a los sojeros y cerealeros, para quienes no hay ningún ajuste ni restricción; mientras, quita al sector productivo más empobrecido del campo, como son los agricultores familiares, el derecho de acceder a la economía formal y contar con obra social y aportes jubilatorios.
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