El Tribunal Federal de la patagónica ciudad de Comodoro Rivadavia rechazó hoy un pedido de encerrar de inmediato en una cárcel común a cuatro de los exmarinos argentinos procesados por la Masacre de Trelew, en 1972.
La solicitud fue formulada por la Fiscalía y las querellas en la primera sesión del histórico juicio, en el cual comparecen los excapitanes Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini y Jorge Bautista, éste último por encubrimiento, y el cabo Carlos Morandino, acusados por el fusilamiento de 19 presos políticos.
El reclamo, dijo la agencia de noticias Télam, invocó jurisprudencia acumulada en numerosos juicios por delitos de lesa humanidad y solo exceptuaba por el momento a Bautista.
Sin embargo, el juez Enrique Guanziroli manifestó que el pedido «no acompañó elementos nuevos de convicción para variar el criterio» y dictar el inmediato encierro de los acusados, lo cual provocó manifestaciones de descontento por parte de la numerosa concurrencia al inicio del juicio oral y público.
El requerimiento de elevación a juicio formulado por la Fiscalía en 2009 acusa a los cinco exmiembros de la Armada de homicidio doblemente agravado de 16 prisioneros y otros tres en grado de tentativa, todos en la base aeronaval Almirante Zar, de la sureña provincia de Chubut. Detalla además cómo sucedieron los hechos, desde la fuga de un grupo de 25 prisioneros políticos del penal de Rawson, el 15 de agosto de 1972, hasta la rendición pactada por 19 de ellos en el viejo aeropuerto de Trelew y su posterior fusilamiento en los calabozos de la base, en la madrugada del 22 de agosto.
Según la acusación, la negociación de los reos con oficiales de la Armada -quienes les prometieron garantías de no someterlos a represalias- fue presenciada por el juez Alejandro Godoy, abogados y periodistas, pese a lo cual, luego fueron fusilados.
Como consecuencia de las ráfagas de disparos o de los «tiros de gracia» murieron 16 de los 19 prisioneros, en tanto los otros tres resultaron gravemente heridos y sobrevivieron, pero fueron secuestrados y desaparecidos años más tarde por la dictadura que se inició en 1976.
Otros dos implicados en los trágicos sucesos quedaron fuera del proceso: El almirante Horacio Mayorga, quien por razones de salud mental no está en condiciones de defenderse ante los tribunales, y el capitán Roberto Bravo, cuya extradición fue negada por Estados Unidos, país donde reside.
En opinión del abogado Germán Kexel, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, resulta muy importante poder abordar el estudio de un caso que explica «el contexto represivo de los años previos a la dictadura y la persecución política vivida en aquellos años».
Kexel aseguró en declaraciones amplificadas por el Foro Argentino de Radios Comunitarias que los hechos están claros partiendo de la prueba fundamental, el testimonio brindado por los tres sobrevivientes en diversas instancias.
oda/mpm
Buenos Aires, 7 may (PL)
Publicado en Prensa Latina