La izquierda roja se transforma en ‘izquierda marrón’

La izquierda latinoamericana es cada vez menos roja y cada vez más marrón. La afirmación es del sociólogo uruguayo Eduardo Gudynas. Según él, está quedando cada vez más claro que los gobiernos progresistas o de la nueva izquierda se apoyan en la explotación de materias primas para alimentar el crecimiento económico. Nos hemos vuelto proveedores de materias primas para la globalización, acota él. Se rompe así el diálogo con el movimiento verde y la izquierda roja se transforma en marrón, destaca el sociólogo. El rojo, color simbólico de la lucha socialista, se subordina a la lógica del gran capital y, asumiendo el modelo extractivo –primario exportador– provoca grandes impactos negativos en el medio ambiente. Marrón es una referencia a los cráteres a cielo abierto, consecuencia de los megaproyectos que están en curso en todo el continente.

El modelo extractivo patrocinado por los gobiernos de izquierda y, también, por los de derecha en América Latina es definido por el escritor Raúl Zibechi como «apropiación de los bienes comunes, directa o indirectamente, para transformarlos en mercancía”. El sociólogo venezolano Edgardo Lander, comenta que «la principal fuente de las contradicciones internas y de las decepciones con relación a los gobiernos progresistas de izquierda es que parecen, de hecho, dar por obvio que ningún otro camino es posible sino el de un sistema basado en el crecimiento económico”.

Prácticamente en todos los países de la región, desde México hasta Chile, comunidades tradicionales y campesinas se están levantando contra los grandes proyectos de desarrollo y de extracción natural que, embarcados en el boom económico de América Látina y en los altos precios de las materias primas, están promoviendo una nueva fiebre del oro en paisajes tan distintos como el desierto mexicano y la selva amazónica, comenta el escritor Tadeu Breda.

La obsesión por el crecimiento, la apuesta por los megaproyectos y la flexibilización del aparato normativo que protege el medio ambiente está en el núcleo de las tensiones sociales a las que asistimos en todo el continente. Marchas, protestas, ocupaciones y movilizaciones hacen parte del escenario de la lucha social en América Latina en los últimos años y, en la mayor parte de ellas, el arranque de las movilizaciones son los conflictos ambientales. Una pequeña muestra de todo eso se puede ver aquí en Brasil: la agenda alrededor del Código forestal, la PEC 125 y la polémica acerca del reporte que envuelve la hidroeléctrica de Belo Monte y que sufrió tentativa de censura por parte de la ministro Maria do Rosário. En todos los conflictos el denominador común es la agenda ambiental.

En un breve vistazo por los países vecinos se ve lo mismo. La cuestión ambiental está en el centro de los conflictos entre los movimientos sociales y los gobiernos progresistas. Tomemos como ejemplo lo que está aconteciendo en Ecuador, Perú y Bolivia, pero también, con un grado diferente, en Argentina, Colombia y Venezuela.

CONFLICTOS AMBIENTALES ESTALLAN EN EL TERRITORIO LATINOAMERICANO

Los conflictos ambientales permean la coyuntura del continente latinoamericano. En Ecuador, el gobierno de Rafael Correa enfrentó en los últimos días una marcha nacional contra sus políticas extractivas. El escritor Tadeu Breda comenta que desde 2009, después de la aprobación plurinacional, Rafael Correa sancionó una nueva ley de minas que abre camino a la explotación mineral en gran escala y a cielo abierto. A partir de entonces, el movimiento indígena abandonó la coalición política y social que había posibilitado la victoria del presidente y pasó a la oposición.

La ira del movimiento indígena se debe al hecho de que Correa firmó recientemente contrato con la empresa minera Ecuacorriente (ECSA), de capital chino, para la explotación de un yacimiento minero en la cordillera del Cóndor, en la frontera con Perú, una de las áreas del país más ricas en biodiversidad.

Se trata de uno de los cinco proyectos de mina considerados prioritarios por el gobierno de Correa. Decio Machado –citado en el reportaje de Claudia Fanti– afirma que «es el primer gobierno que convirtió la megamineria en una actividad estratégica que deja una marca sobre el futuro modelo de desarrollo ecuatoriano”.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el movimiento indígena ecuatoriano inició una marcha nacional contra las políticas extractivas del gobierno. La marcha salió de la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, en el sur del país, recorrió toda la región andina hasta la capital, Quito, en el norte de Ecuador, donde llegó el día 22, Día Mundial del Agua. El presidente Correa, defendiendo el proyecto, dice que su gobierno apalanca una minería responsable social y ambientalmente, repitiendo su frase de que «no podemos ser mendigos sentados sobre un saco de oro”. Los manifestantes, a su vez, no aceptan «sobrevivir en un país devastado en las garras del miedo o de la indiferencia, un país con realidades paralelas de ríos muertos y de personas enfermas a causa de la contaminación minera y petrolífera, de personas que se consumen en el consumismo y de personas muertas en vida, sin memoria ni identidad, desprovistas de sus selvas y de su condición humana, entre árboles y animales masacrados”.

El escritor Tadeu Breda comenta: «Todos quieren el desarrollo del Ecuador, claro: pero no concuerdan con los métodos del gobierno. Avalan que el extractivismo de hoy es el mismo que nortea la economía ecuatoriana desde siempre –y tienen de su lado la verdad histórica de que vender materias primas para los países ricos puede que haya generado riqueza, sin embargo, jamás trajo desarrollo”.

En el Perú, otra marcha nacional, esta vez por el derecho al agua, «la movilización popular más importante desde la época de Fujimuri”, señaló Hugo Blanco en el reportaje de Claudia Fanti. En el centro de la marcha, que se llevó a cabo del 1 al 9 de febrero, está la oposición al proyecto Conga, inmenso plan de minería que prevé sacar varias lagunas de Cajamarca, en el norte del país. El proyecto es liderado por el grupo Yanacocha, la primera empresa de extracción de oro en América del Sur y la segunda del mundo.

En el currículum de esa empresa se destaca, durante los últimos meses del gobierno de Fujimuri, la devastadora fuga de mercurio en Choropampa, que costó la vida de más de setenta personas y que aún continúa impune.

Rechazado por el propio gobierno de Cajamarca, el proyecto Conga, que cuenta con una inversión de casi 5 billones de dólares, amenaza con destruir las reservas de agua dulce de la región produciendo, según los estudios de impacto ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, daños irreversibles al ecosistema y contaminando la cuenca del río Marañón, un importante afluente del río Amazonas. «Es un proyecto altamente depredador afirmó Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca, que entra en conflicto profundamente con el momento que vivimos en el mundo y con el discurso del presidente Ollanta Humala”, cuando, después de haber dicho: «¿Qué quieren ustedes, oro o agua?” y haber recibido una respuesta clara del pueblo: «queremos agua”, se comprometió a «defender los recursos hídricos de Cajamarca”.

El cambio de posición de Humala, que insiste ahora en explotar la minería, se debe al hecho de que el precio del oro subió mucho en el comercio internacional. Cabe destacar que en el mismo Perú, en 2009, el gobierno de Alan García promovió una verdadera matanza de indígenas en la localidad de Bagua, en el Amazonas peruano, a consecuencia de las protestas de los indígenas contra la entrega de sus territorios a empresas extractivas transnacionales para la explotación de hidrocarburos, madera y biocombustibles.

En Bolivia, a su vez, se anuncia una nueva movilización en defensa del Tipnis. En esa crisis que envuelve al presidente Evo Morales y al movimiento social, está la carretera de Tipnis –el proyecto de una autopista, de 306 km que atravesaría 1,2 millones de hectáreas del territorio indígena y el Parque Nacional Isidro Sécure (Tipnis) donde habitan 13 mil indígenas moxeños, yurakarés y chimanes. Las obras del trecho 1 y 3 ya están andando. El trecho principal, que es el 2, atraviesa 177 Km del Tipnis. La obra es de gran interés geoestratégico para Bolivia y para Brasil, como parte de un corredor para el transporte que conecta el Atlántico con el Pacífico. Los indígenas no aceptan la carretera y acusan al gobierno de no haberlos consultado sobre dicha obra.

En septiembre de 2011 fue duramente reprimida una marcha indígena en contra de la construcción de la carretera. La dura represión de la marcha desató una crisis sin precedente en el gobierno de Evo Morales y puso en jaque al gobierno plurinacional y pluriétnico. Para el momento el Presidente anunció que estaban suspendidas las obras y al mismo tiempo pidió perdón a los indígenas. Ahora el tema volvió a generar tensión en el país.

El Senado boliviano, con el apoyo del Gobierno, aprobó la realización de una consulta para determinar si la carretera en cuestión podría o no atravesar el territorio indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

Los indígenas temen el aumento de la presión demográfica y la expansión de la frontera agrícola sobre el territorio. El gobierno argumenta que los indígenas de las tierras altas y valles, grupo mayoritario, apoya el proyecto y apenas los indígenas de las tierras bajas están en contra. Argumenta que esos indígenas estarían siendo manipulados por los grupos que hacen oposición al Gobierno.

El conflicto está lejos de terminar y, en esencia, se oponen modelos y visiones diferentes. Bolivia, con la insistencia de construir la carretera, da muestras de que también sucumbió al modelo desarrollista. La elaboración de la estrategia económica en Bolivia tiene como uno de los principales mentores al sociólogo Álvaro García Linera que es el vice-presidente del país. Linera, marxista, intelectual respetado, una especie de portavoz autorizado de los objetivos estratégicos de Bolivia ya dice que el gobierno busca «un capitalismo con mayor presencia del Estado”.

Según Tadeu Breda la mejor manera de entender las manifestaciones en el Ecuador, y vale también para Bolivia, es tener en mente el contenido de la Constitución Plurinacional de esos países. La carta garantiza una serie de derechos innovadores en América Latina. Tres de los que ganan gran relevancia son: los derechos de la naturaleza, la plurinacionalidad y el bien vivir.

Tales principios no funcionan independientemente uno de los otros, dice el escritor: «Si la plurinacionalidad otorga a las comunidades indígenas autoridad para ejercer su cultura (lengua, justicia, propiedad, economía) dentro de sus tierras, los Derechos de la Naturaleza garantizan que el medio ambiente bajo ningún aspecto pueda ser degradado más allá de su capacidad natural de regeneración. Eso significa, obviamente, un obstáculo legal para las actividades extractivas, hoy en día responsables por más de la mitad del PIB ecuatoriano. Por último, el bien-vivir es el proyecto de desarrollo que resulta de un sistema que respeta las tradiciones ancestrales y los ciclos naturales de el ecosistema en que se insertan. De ahí que la marcha en curso en el Ecuador se opone prioritariamente a las políticas extractivas patrocinadas por el Gobierno”.

«EL AGUA ES MÁS PRECIOSA QUE EL ORO”: GRITO QUE HACE ECO EN TODA AMÉRICA LATINA

Volviendo a los conflictos que tienen en su núcleo la problemática ambiental en el continente latinoamericano, también en la Argentina se manifiestan conflictos ligados a las actividades mineras. En Catamarca, una de las provincias más pobres del país, al noroeste de Buenos Aires, la población está en pie de guerra.

Hace algunas semanas la mayor parte de las vías están cerradas por centenas de manifestantes contrarios a la explotación a cielo abierto de la mina La Alumbrera, por parte de la empresa canadiense Barrik Gold. En la provincia vecina de La Rioja, los habitantes protestan contra otro proyecto de la compañía canadiense Osisko Mining Corporation, en el Nevado del Famatina.

También en los gobiernos de derecha los conflictos ambientales abundan. En Colombia, una gran movilización popular llevó al Ministerio del Medio Ambiente a negar a la empresa canadiense Eco Ouro Minerals la autorización para un proyecto de explotación minera a cielo abierto en el Páramo de Santurbán, en Santander, un complejo de lagunas que surte de agua a una población de 2,2 millones de personas.

En Panamá, luego de la movilización de los pueblos indígenas Ngäbe-Buglé quienes, desde el 31 de enero al 7 de febrero, bloquearon la vía Panamericana recibiendo un fuerte apoyo de la población, el gobierno de Ricardo Martinelli tuvo que ceder a las reivindicaciones indígenas, aceptando iniciar las negociaciones sobre la ley relativa a las actividades de minería y a la construcción de plantas hidroeléctricas.

Crítica es la situación en América Central, donde centena de proyectos mineros están a la espera de aprobación. En Honduras, en particular, donde ya habían sido entregadas más de 370 concesiones, fueron presentadas, después del golpe de 2009, otros trescientos pedidos de explotación minera, también a cielo abierto.

En Guatemala, 56 municipios se proclamaron libres de la actividad minera después de una fuerte presión popular. Como se puede ver, por los acontecimientos citados anteriormente, en Latinoamérica el boom de la minería genera cada vez más conflictos. El agua es más preciosa que el oro, ese es el grito lanzado en toda la región por comunidades campesinas, ambientalistas y científicas que denuncian el impacto socio ambiental de la explotación de minas a cielo abierto.

El caso brasileño, izquierda autoritaria y pérdida en la agenda ambiental PEC 125, Código Forestal y la hidroeléctrica de Belo Monte estuvieron en el centro del debate de la coyuntura brasileña en la semana que cierra. El caso de la PEC 125 es emblemático en esa perspectiva. En una sesión tumultuosa, la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara aprobó el parecer del diputado Osmar Serraglio (PMDB-PR), favorable a la admisibilidad de la propuesta de enmienda a la Constitución (PEC) que transfiere de la Unión para el Congreso Nacional la prerrogativa de aprobar y ratificar la demarcación de tierras indígenas. En caso de que sea aprobada definitivamente la PEC, significará una verdadera farra para los intereses de grupos en la explotación aún mayor de los territorios indígenas y quilombos.

El secretario ejecutivo del Consejo Indigenista Misionero (Cimi), Cleber Buzatto, que acompañó la votación de la PEC con delegaciones indígenas de varias regiones del país, dice que la noticia de la aprobación fue recibida con tristeza e indignación por el liderazgo indígena, quienes consideran que dicha propuesta es inconstitucional. «La PEC rasga la Constitución en lo atinente al derecho de los pueblos indígenas y quilombos sobre sus tierras tradicionales”.

El Cimi acusa al gobierno de negligencia. Para Buzatto, éste no hizo nada para evitar la votación de la propuesta, pues el líder del gobierno no apareció durante la sesión para intentar una interlocución.

«Ni en el momento en que la situación estuvo tensa él apareció para demostrar solidaridad. Estamos entendiendo que, por el contrario, al no actuar directamente, el Gobierno optó por la base vinculada al agronegocio y a la bancada evangélica”.

La aprobación de la PEC 125 fue encabezada por el mismo grupo en el Congreso que está por detrás de la flexibilización del Código Forestal. «Aprobación de la PEC 215- Es el mismo grupo que está presionando para votar el Código Forestal”, twiteo el @CimiNacional.

La PEC 125 y el Código Forestal están en la misma lógica. El agronegocio quiere una legislación dócil que atienda a sus intereses económicos. En estos temas el Gobierno ha sido omiso. Como destacamos en el último análisis de coyuntura, la agenda ambiental y la agenda indígena no son estratégicas en el gobierno de Dilma Rousseff, no se insertan en el proyecto de nación y, peor aún, están subordinadas a los sectores conservadores.

En la misma semana de aprobación de la PEC 125 el gobierno, a través de la ministro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, María del Rosario, protagonizó un hecho vergonzoso y autoritario contra la libre manifestación de los movimientos sociales. De nuevo, el nucleo del choque tuvo que ver con la agenda ambiental.

La ministra no concedió la palabra a los representantes de la sociedad civil convidados a la reunión del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (Cddph). En la ocasión fue presentado y votado el informe de impresiones sobre Las violaciones de derechos humanos de la tierra y del medio ambiente, en el Pará, redactada por la Comisión Especial designada por el Cddph. Después de apelar al reglamento interno del consejo que dice que los presentes solo pueden manifestar sus observaciones después de la deliberación de los consejeros, la ministro cambió repentinamente de pauta sin ofrecer la posibilidad del derecho de palabra.

La ministra quería que Belo Monte fuera retirado del informe.

En su opinión el documento debía abordar específicamente la cuestión de la violencia en el campo, y no denuncias de violaciones de derechos humanos a consecuencia de la construcción de la planta hidroeléctrica de Belo Monte.

«Es un informe sobre violencia. La cuestión de Belo Monte es un capítulo de ese informe. Sería a una irresponsabilidad de mi parte no colocar eso en el documento considerando que las personas que han sido escuchadas, las comunidades indígenas, las entidades de la sociedad civil y el propio Ministerio Público presentaron relatos de situaciones que pueden configurar violencia actual o futura relacionada con la construcción de la planta”. Dice el periodista Leonardo Sakamoto, de la ONG Repórter Brasil, que integró y fue designado como relator de la comisión especial del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (Cddph) que verificó las violaciones a los derechos humanos en la región conocida como Tierra del Medio, en el estado de Pará.

No es ninguna novedad que el Gobierno no tolera ni acepta crítica acerca de la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte. El megaproyecto es uno de los más caros del Gobierno al lado de la transposición del de S. Francisco que también fue noticia en esos días. A pesar de las reiteradas críticas de la Iglesia, de las comunidades científicas, de ambientalistas y del movimiento social, el gobierno nunca aceptó echar atrás dicho proyecto.

El modelo neodesarrollista que tiene en el programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) su síntesis y su traducción en inversiones en infraestructura logística (carreteras, ferrovías, hidrovías, puertos, aeropuertos); infraestructura energética (combustibles renovables, generación de energía eléctrica, transmisión de energía eléctrica, petróleo y gas natural) e infraestructura social y urbana (metro, saneamiento, habitación) se desarrolla de forma autoritaria. Las voces que cuestionan el modelo son tachadas de estar contra el progreso y la distribución de la renta.

GOBIERNOS DE LA NUEVA IZQUIERDA ATRAPADOS EN EL MANTRA DEL CRECIMIENTO

Detrás del orden del crecimiento económico, de la atracción de los inversionistas y de la promoción de las exportaciones, los gobiernos de América Latina argumentan, dice Eduardo Gudynas, que «el Estado capta parte de esa riqueza para mantenerse a sí mismo y financiar programas de lucha contra la pobreza”. En esa óptica, continúa el sociólogo, «la izquierda gobernante no sabe qué hacer con los temas ambientales”, acabando por ver en ellos lo contrario, y no pasan de vagas referencias a la cuestión ecológica y hasta de equivocaciones hacia la Pacha Mama, que se convierte en un obstáculo al crecimiento económico y, por tanto, «un freno para la reproducción del aparato estatal y la asistencia económica a los más necesitados”. Asistencia que hace a los gobiernos cada vez más dependientes de la exportación de las materias primas.

Como destaca Tadeu Breda, «con algunas pequeñas características que cambian de país a país, está cada vez más claro que los gobiernos de la ‘nueva izquierda’ y sus políticas neodesarrollistas no lograrán corregir las desigualdades más profundas de nuestra sociedad. Es más, no ofrecerán alternativas reales de desarrollo y bien-estar. Por eso, los pueblos se están organizando y hablando cada vez más alto. Es necesario escucharlos”.

Según la antropóloga Rita Segato, en América Latina se tiene «un bloque más sensible al bien estar, pero que no logra pensar la posibilidad de una transformación, de una mejoría en la situación fuera del proyecto eurocéntrico. No ha habido una ruptura. Quedamos eclipasados porque son gobiernos de izquierda, pero esa novedad no es muy profunda. Entrarán para competir, participar de la concurrencia para emerger como bloque dentro de los mismos principios y objetivos del capitalismo global”.

Esa izquierda –en el poder en el continente– continúa prisionera de una lectura que se reduce a la lógica productivista, donde lo importante es el desarrollo de las fuerzas productivas y el crecimiento de la economía. Esa concepción de matriz marxista se aproxima al liberalismo, que también quiere el desarrollo de las fuerzas productivas. Se distancian apenas en el instrumento de apalancamiento del capital. Para los primeros ese papel cabe al Estado; para los segundos, al mercado. En esa lógica la agenda ambiental no tiene lugar, porque es considerada un freno al desarrollo de las fuerzas productivas.

UNA CRÍTICA AL MODELO (NEO) DESARROLLISTA. LÍMITES DEL MODELO PRODUCTIVISTA Y CONSUMISTA

Hay una creciente percepción, incluso entre economistas de mercado, que los costos ambientales del modelo desarrollista no pueden ser ignorados.

Entre ellos, se encuentra Eduardo Gianetti da Fonseca. Al hablar de la economía de mercado, el profesor del Instituto de Enseñanza e Investigación (Insper) de Sao Paulo, alerta sobre los impases del modelo productivista y consumista. Según él, es necesario un cambio en los valores y en la forma de producir y consumir. De no ser así, la factura recaerá sobre el medio ambiente. «Y el ambiente no acepta desafueros”.

Gianetti es categórico en sus críticas al «costo ambiental de las opciones elegidas en los modos de producción y consumo”. En un contexto en que economistas y gobernantes conmemoran el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), él afirma que » la medida del PIB es muy estúpida, porque ella apenas registra lo que pasó por el sistema de precios, sin saber lo que, de facto, está sucediendo con la vida de las personas”.

En opinión de Gianetti, «la necesaria transformación de esos patrones de consumo, en la dirección de la sostenibilidad, solo será posible si los costos ambientales fuesen incorporados a un sistema de precios que hoy ignora la destrucción del planeta». Para él, «los países que están llegando tarde a la fiesta del consumo no van a poder participar. Nos guste o no. Y el dilema es saber cómo compatibilizar las aspiraciones de la nueva clase media que surge en el mundo, con los límites del patrón que nos fue vendido por el proyecto ilustrado del progreso”.

Los gobiernos alineados a la izquierda no han conseguido proponer alternativas que desvinculen a la ciudadanía del ejercicio de consumir. El patrón del american way of life continúa siendo la aspiración de la emergente clase media mundial y «el cálculo de la salud económica de los países se volvió ciego a los problemas ambientales que afectan la vida de las sociedades de hoy”.

Márcio Pochmann, otro economista reconocido por sus análisis del mercado de trabajo, se suma a aquellos que perciben la necesaria revisión del patrón de crecimiento del consumo material global. Sin eso, dice, el proceso de cambios climáticos continuará, perjudicando principalmente a los más pobres, siempre más vulnerables a los efectos de la crisis ecológica. En opinión de Pochmann, «la perspectiva de las naciones no ricas para enfrentar la crisis ecológica global no puede ser la misma defendida por los ricos”.

El periodista y ambientalista Washington Novaes quien hace muchos años viene alertando a los ricos de los riesgos del modelo productivista-consumista destaca que «el consumo global ya está por encima del 30% más allá de las posibilidades de reposición planetaria; en el que ya se perdió también 30% de la biodiversidad total; y todavía es necesario evaluar las consecuencias de una población mundial que transita de los 7 billones de individuos de hoy hacia 9 billones, por lo menos, hasta el 2050”.

Pese a todas las implicaciones citadas anteriormente, la lentitud de los gobiernos latinoamericanos para enfrentar los problemas ambientales persiste. Movimientos sociales, investigadores y comunidades indígenas se ven manifestando en contra de los grandes proyectos de hidroeléctricas, de extracción mineral y de la pifia en las políticas ambientales en América del Sur, que insisten en seguir el recetario de los dictados de los países desarrollados.

DESARROLLO Y LA IZQUIERDA. UNA CRÍTICA

En estos últimos años, la América Latina ha contado con un gran número de gobiernos provenientes de partidos de izquierda o, por lo menos, en oposición a la tradicional derecha. Sin embargo, la dificultad de cambio estratégico en la agenda de esos nuevos líderes políticos ha demostrado la fragilidad en las tomas de decisiones que trasciendan el prisma desarrollista, bastante descoyuntado de las actuales demandas socioambientales.

En Brasil, según José Luis Fiori, en los años 1950, tres instituciones tuvieron un papel central para el llamado desarrollo de izquierda. Primero, el Partido Comunista Brasileño (PCB) que apoyó la elección de Juscelino Kubtischek, en 1955, en una perspectiva etapista para llegar a la revolución socialista. La segunda institución fue el Instituto Superior de Estudios Brasileños (ISEB), que reunió un número significativo de intelectuales de izquierda para un proyecto nacional-desarrollista. Por fin, las contribuciones de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), que también influyó fuertemente el pensamiento de la izquierda desarrollista, aunque nunca haya sido una institución de izquierda. En los años de 1970, surgió la Escola de Campinas, un centro de estudios económicos que participó activamente en la formación del Plan Cruzado.

En este inicio de siglo, en que el gobierno progresista se encuentra en el poder, para Fiori «el desarrollismo de izquierda estrechó tanto su ‘horizonte histórico’ que acabó transformándose en una ideología tecnocrática, sin ninguna capacidad de movilización social”. La agenda neoliberal provocó un dislocamiento del debate para el campo de la macroeconomía. En el análisis de José Luis Fiori, «el `neodesarrollismo´ acaba repitiendo los mismos errores del pasado y proponiendo un conjunto de medidas aún más vagas y gelatinosas de lo que ya había sido la ideología nacional-desarrollista de los años 50”. Por tanto, por lo que parece, la izquierda continúa renuente a abandonar la vieja cartilla, en un momento en que la sociedad global necesita reinventarse para dar cuenta de cómo garantizar el futuro de las generaciones.

Analizando la izquierda mundial, en uno de sus artículos, Immanuel Wallerstein destacó que uno de los debates cruciales de hoy, justamente sucede entre la perspectiva del desarrollismo y el de la prioridad del cambio de civilización, ligada a los riesgos ambientales mundiales. Esa cuestión, por ejemplo, «está presente en América Latina, en los debates fervorosos entre los gobiernos de izquierda y los movimientos indígenas –por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador y en Venezuela.

Se impone, por tanto, la siguiente cuestión: ¿cómo superar las seculares enfermedades sufridas por los pueblos latinos, en una perspectiva que trascienda el discurso desarrollista, más allá del crecimiento económico basado en el consumo depredador?

En opinión de Carlos Chacho Álvarez, secretario general de Aladi (Asociación Latinoamericana de Integración), en el momento actual, «la mayoría de los países latinoamericanos volvió al ejercicio de pensar en sí por sí mismo, de establecer estrategias de desarrollo a partir de sus propias necesidades y de sus intereses reales”. Al partir de una postura positiva por el momento por el cual pasa América Latina, Álvarez defiende que el proyecto de desarrollo para el siglo XXI, en esa región, debe contar con el dominio de la política y de la democracia sobre el mercado, favoreciendo la disminución de la pobreza y de la desigualdad.

Tomar decisiones políticas que rompan con el viejo desarrollismo economicista, atendiendo a las demandas históricas de una población excluida de sus derechos sociales, políticos y civiles y, ahora, ambientales, continúa siendo un desafío para los países latinoamericanos.

RÍO+20. LA FALTA DE OSADÍA

El debate de la sobre-explotación de los recursos naturales y de sus límites se da en el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo, Río+20. Se destaca en el documento de contribución brasileña a la Conferencia, que el país no logra escapar de «una verdadera apología a la manera habitual de la conducción de los negocios, el llamado business as usual”. Y hace un cuestionamiento: «¿si el país que va a abrigar la conferencia no osa de apuntalar horizontes innovadores en sus posiciones, cómo esperar que la propia reunión despierte entusiasmo proporcional al que debería ser su importancia?”

Según Abramovay, «es preocupante que en vez de preconizar rígidos criterios socioambientales en la explotación de la energía, los productos básicos agrícolas y mineros, el documento brasileño (pero eso aparece también en otros textos de la conferencia) insista en el temor de que estos criterios puedan ser usados, en el comercio internacional, como barreras no tarifarias”. Si el país anfitrión no parece estar muy seguro del papel crucial que podría asumir en este momento, la Conferencia Río+20, la Cumbre de los Pueblos, que ocurrirá en el Aterro do Flamengo, con aproximadamente 10 mil personas, se prepara para ser un espacio bastante propositivo. Delante del marasmo de los debates oficiales, movimientos sociales de todas partes del mundo buscarán respuestas concretas para la resolución de los problemas socioambientales.

Como ponderó Fátima Mello, miembro del comité facilitador de la sociedad civil para Río+20, «la ONU solo habla de combatir la pobreza, pero no habla de combatir la riqueza. Lo que nosotros vamos a debatir en la Cumbre es la tesis de la justicia ambiental.

Ese concepto significa que existe una inmensa desigualdad en los impactos ambientales del modelo de desarrollo vigente”.

04.05.12

IHU – Unisinos

Instituto Humanitas Unisinos

El presente documento constituye el anexo del XIII Informe de Análisis de Coyuntura Latinoamericana, del Centro Gumillas, que cubre el período enero-marzo 2012.

Publicado en Adital

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