Hidroeléctrica de Betulia, una maniobra para el despojo en Honduras (+VIDEO)

La comunidad de Betulia, municipio Santa Fe, en Honduras, donde se llevó a cabo un proyecto de construcción de una pequeña central de generación de energía hidroeléctrica, se declara víctima de una empresa que la ha despojado de sus territorios y han desmejorado la calidad del medio ambiente.

“El río Betulia está destruido. En tiempos anteriores era caudaloso, la gente iba a agarrar camarones en el río. Ahora el río está lodoso, se inunda. El banco de pesca donde iba la gente ya no existe”, dijo Dilsia Reyes, del grupo de mujeres organizadas y presidenta del patronato de la comunidad.

Esta obra acometida por General Equipment Supply, tiene una capacidad total instalada de 6,8 megavatios (MW), con una generación anual de 22.165 gigavatios-hora (GWh) y un factor de planta de 63%, posee un contrato para vender electricidad generada a la utilidad nacional por un período de 30 años.

El informe

La asociación civil Extractivismo y Resistencia Comunitaria en Honduras, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y Jubileo Sur denuncian que los derechos culturales y territoriales de la comunidad han sido vulnerados por el proyecto hidroeléctrico, cuya inversión alcanza los 25 millones de dólares.

“No solo implica el despojo de los territorios, sino que también conlleva a la discriminación, es contracultura, un impacto negativo contra el hábitat”, dice el informe citado por el portal Avispa.org de ese país.

Los casos de las comunidades Río Blanco, Guadalupe (Betulia) y la finca El Tumbador forman parte de un contexto general de despojo de los bienes comunes a indígenas, negros y campesinos con el propósito de ceder estos bienes a terceras personas, ajenas a la comunidad, para que los exploten.

La sociedad civil denuncia que el Estado ha sido juez y parte: se ubica a favor de los intereses de los inversionistas, se constituye como el primer socio de estos y su conducta, lejos de proteger a las comunidades indígenas y campesinas, propicia el modelo de despojo.

Los procesos de concesión y de despojo de los bienes naturales a las comunidades, sostiene el informe, se complementan con políticas represivas basadas en la militarización de los espacios públicos. Algunos ejemplos son la Ley Contra el Terrorismo, La ley de Control de las ONG, Ley de Asociación ilícita, y la creación de la policía militar y organismos policiales de élite.