Suiza continúa la línea de la UE y sanciona a 11 funcionarios venezolanos

El Gobierno de Suiza reforzó este martes el programa de sanciones contra 11 funcionarios venezolanos, entre ellos la vicepresidenta Delcy Rodríguez, reseñó el portal web de noticias Swissinfo.

El programa de sanciones de Suiza a Venezuela sigue la línea que ha tomado la Unión Europea cuando sancionó a los mismos 11 funcionarios el pasado 25 de junio. Esta directriz que ha sido impulsada por el gobierno de Donald Trump y seguida por las naciones alineadas a la política de Washington.

Vicepresidente Económico, Tareck El Aissami, forma parte de la lista. Foto: AVN

La información fue difundida en un comunicado emitido por la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos (SECO), en el que además están incluidos los nombres del vicepresidente de Economía, Tareck El Aissami; el ministro de Educación, Elías Jaua; la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas; y el secretario general del mismo ente, Xavier Antonio Moreno Reyes.

El Aissami fue acusado de ser responsable de graves violaciones de los derechos humanos, incluidas detención arbitraria, trato inhumano y degradante y tortura. La orden también apunta a varios soldados de alto rango. Todos están sujetos a una prohibición de residencia y tránsito, así como a sanciones financieras.

Los sancionados no podrán visitar ni transitar por Suiza. Foto: Web

También se incluyó a Freddy Bernal, director del Centro Nacional de Mando y Control de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción: y a Katherine Nayarith Harrington, vicefiscal general.

Por el ala militar, fueron sancionados Sergio José Rivero, inspector general de la Fuerza Armada Nacional; Jesús Rafael Suárez, comandante general del Ejército; e Iván Hernández, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Todos están sujetos a una prohibición de residencia y tránsito, así como a sanciones financieras. Las medidas son similares a las aplicadas el mes pasado por la Unión Europea, cuando emitió sanciones contra los mismos funcionarios por considerar que han “violado derechos humanos y socavado la democracia y el Estado de derecho”.