Este miércoles se concretó el desalojo, ordenado por la Municipalidad de Santiago, de una casona ubicada en calle Cienfuegos que fue afectada por un incendio durante la madrugada del 18 de mayo. Mas de 100 personas quedaron sin hogar, mayoritariamente de nacionalidad haitiana, entre ellas niños, niñas y mujeres embarazadas.
Uno de los residentes, identificado como Kesnel Duce, indicó que lleva más de un año viviendo en Chile y que tras el incendio y posterior desalojo, no sabe “exactamente qué va a pasar”. Señaló que todavía no sabe dónde pasará la noche y aprovechó de informar que la mujer embarazada que vivía en el lugar “está hospitalizada todavía. El bebé de ella no está normal”.
En tanto, Nury Moraga, residente chilena de la casona siniestrada, contó que horas después del incendio, llegó hasta el lugar Cristian Pastene Alegría, abogado del propietario del inmueble, alegando que el lugar se había convertido en una toma, acusación que desmintió ante los medios de comunicación.
Foto: Roberto Muñoz Campos
“La casa nunca fue una toma de parte de las personas que arrendábamos acá. Nosotros pagamos nuestros respectivos arriendos. Desde ese momento, nosotros tuvimos acoso a diario de parte del abogado, actuando de mala manera, prepotente, intimidando a la gente”, aseguró Moraga.
La vecina afectada criticó además a la Municipalidad de Santiago por comprometer ayudas que “nunca llegaron”, entre las cuales describió un subsidio de arriendo. «Desde primer momento la idea de ellos fue desalojarnos. Se le dio un plazo de 90 días al dueño para reparar la casa, sin perder la estructura. Si ellos hablaron de reparar la casa sin perder la estructura claramente no hay un peligro de derrumbe”, sostuvo.
En tanto, Valesca Aguilar, miembro del comité de seguridad de Cienfuegos, también se sumó a las críticas al municipio ante la falta de respuestas para los residentes afectados por el incendio. “La gente que se va de aquí, se va a ir al mismo círculo vicioso de empezar a arrendar en lugares inhóspitos, donde los arriendos son muy caros”, planteó.
Foto: Roberto Muñoz Campos
En la misma línea, rechazó el contingente policial presente en las labores de desalojo encomendadas por la Municipalidad encabezada por Felipe Alessandri. “Ver esta cantidad de carabineros, para una persona extranjera, que no conoce el idioma, que no entiende, que solo siente temor, porque el racismo se nota al subir al Metro, es terrible”, afirmó Aguilar.
El jefe comunal también fue apuntado por el abogado de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega. “Nos parece condenable el hecho que el señor Alessandri no cumpla con su palabra empeñada, porque él suscribió con nosotros en calle Catedral un compromiso de que en situaciones de emergencia o de necesidad de que haya un desalojo, antes de recurrir a la medida, iba a conversar con las partes afectadas, con los propietarios y con los arrendatarios para buscar la solución al problema de fondo”, indicó.
“Nos preocupa que se tome el desalojo como una medida, como una solución, a un problema que es más genérico. El problema de la precariedad de las condiciones de vivienda de los inmigrantes es un problema general, no es una cosa que se resuelva esta manera”, argumentó el abogado peruano.
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