Las acciones judiciales irán dirigidas contra el Estado y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), entidades creadas en la dictadura, orientadas al lucro de los grupos económicos.
El coordinador nacional y presidente de la Confederación de Trabajadores Metalúrgicos, Constramet, Horacio Fuentes, dijo que la primera demanda será contra el Estado por negar el derecho constitucional a la libre elección, dado el carácter obligatorio de la afilación que tienen las adiministradoras.
La segunda será ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- y la tercera ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE.
Fuentes aseguró que el perjucio que las Administradoras de Fondos de Pensiones provocan a los trabajadores no se revierte con la creación de una AFP estatal, como proponen algunos políticos.
Postuló un sistema con un pilar solidario, que incluya el aporte del Estado y del trabajador.
Otro de los dirigentes del Comando, el secretario de Organización y Mediación de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Juan Olguín, informó que también se está redactando una querella contra las siete AFP que dominan el mercado, por mala administración de los fondos.
Las AFP se crearon en 1980, en plena dictadura militar, prometiendo que al momento de jubilarse, la pensión de los trabajadores equivaldría al 75% de su última remuneración.
Al cabo de 30 años, la promesa ha resultado una estafa.
En sus inicios, la publicidad de las AFPs fue realizada por conocidas figuras de la televisión como Don Francisco, entre otros.
COMANDO CONTRA LAS AFPs
A ocho meses de su fundación, el Comando Contra las AFP ya suma 13 organizaciones sindicales y ciudadanas afiliadas con un objetivo común: instalar el debate sobre la necesidad de modificar el sistema previsional, capturado hoy por la administradoras privadas. Su coordinador nacional y presidente de la Constramet, Horacio Fuentes, informó que, en una de sus primeras acciones, se están recolectando las firmas para presentar ante la justicia una demanda contra el Estado chileno por negar el derecho a la libre asociación. “Los trabajadorers estamos obligados a irnos al sistema privado, lo que atenta contra un principio incluso consagrado en la Contitución heredada de Augusto Pinochet”, explicó el dirigente. Agregó que si la acción judicial no prospera, interpondrán una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una denuncia ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE.
Horacio Fuentes aseguró que el perjucio que las Administradoras de Fondos de Pensiones provocan a los trabajadores no se revierte con la creación de una AFP estatal, como proponen algunos sectores políticos. Precisó que “sería más de lo mismo porque entraría al mismo sistema. Sigue siendo AFP, esté en manos del Estado o en manos privadas”. Puntualizó que el Comando postula el establecimiento de una nueva institucionalidad, basada en un pilar solidario, con financiamiento bipartito y que garantice pensiones dignas.
Paralelamente, la organización está preparando una serie de seminarios, que partirían el 24 de mayo, para debatir sobre el estado del sistema previsional en Chile y apuntar a la creación de uno que asegure al trabajador la libertad de elegir.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones nacieron en 1980, mediante el Decreto Ley Nº 3.500, en reemplazo del Instituto de Normalización Previsional, INP. Esto significó un cambio radical de nuestro sistema previsional, pues se pasó de un fondo de ahorro común en el que aportaban todos los trabajadores a uno de capitalización individual, que obliga a cada persona a tener una cuenta propia para su futura pensión. El perjuicio para los trabajadores es evidente. Las AFP surgieron prometiendo que al momento de jubilarse, la pensión equivaldría al 75 por ciento de la última remuneración, pero las estadísticas oficiales demuestran que esa cifra oscila sólo entre el 35 y el 40 por ciento.
Mayo 13 de 2012
Fuente: El Patagónico / Constramet Chile
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