En las últimas semanas, activistas colombianos han desaparecido, y 13 han sido asesinados en los últimos tres meses. Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia llama a la Unión Europea a tomar el ejemplo del Reino Unido, que en su último informe anual sobre derechos humanos hace pública su preocupación.
En las últimas semanas las desapariciones forzadas, el asesinato de sindicalistas, líderes reclamantes de tierras, y defensores de DDHH, así como las amenazas que sin cesar reciben organizaciones y activistas, son altamente preocupantes. En los primeros tres meses del 2012, trece personas defensoras de los DDHH han sido asesinadas; una cada semana.
«Estos asesinatos demuestran que no hay garantías para la labor de defensa de los DDHH en Colombia. La Unión Europea (UE), a través de Catherine Ashton, debe exigir al gobierno colombiano protección para los activistas y el respeto a las movilizaciones sociales que piden la paz», declara Vincent Vallies, portavoz de Oidhaco.
El pasado siete de mayo llegó una amenaza del grupo paramilitar «Bloque Capital» en contra de numerosas organizaciones colombianas. En ella anuncian su voluntad de eliminar el movimiento social de la «Marcha Patriótica», una iniciativa ciudadana que llama a la búsqueda de la paz y una solución política al conflicto armado que padece Colombia. Acusan a las organizaciones de sublevar a «las comunidades para que reclamen sus supuestos derechos; reclamen tierras», así como de oponerse «al muy merecido fuero militar de nuestros héroes de la patria».
Estas amenazas son contundentes. Recientemente han sido desparecidos dos organizadores de la «Marcha Patriótica» que se realizó el 20 de abril en Bogotá: Hernán Henry Díaz del departamento del Putumayo y Marta Cecilia Guevara, dirigente comunitaria del departamento del Caquetá. El 27 de abril fue asesinado Mao Enrique Rodríguez en Bogotá, escolta de un dirigente del Partido Comunista que también participó en la marcha. Para Oidhaco es muy grave que en distintas oportunidades las autoridades hayan señalado o cuestionado la «Marcha Patriótica». El presidente Santos, por ejemplo, pidió al movimiento aclarar sus posibles nexos con las Farc. Estas palabras en boca del Presidente aumentan el peligro para los miembros y participantes de esta marcha.
Además de estos asesinatos y desapariciones, el viernes 27 de abril fue asesinado Daniel Aguirre, secretario general de Sinalcorteros – sindicato que agrupa a los trabajadores corteros de la caña de azúcar. De otro lado, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha denunciando constantes ataques y seguimientos a sus miembros sin conseguir respuesta alguna por parte del Gobierno colombiano. Esta Comisión acompaña el proceso de reclamo de tierras de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiando, en Urabá, al noroeste del país, a las que pertenecía Manuel Ruíz, asesinado a finales de marzo junto con su hijo de 15 años. El 5 de mayo en un comunicado del grupo paramilitar los Rastrojos-Comandos Urbanos, declaran como objetivo militar a 25 organizaciones y 19 defensores y defensoras de derechos humanos. «Ya que empezamos a exterminar a cada uno de ellos sin piedad no permitiremos que dañen la política de nuestro presidente haciendo exigencias sobre la ley de víctimas y tierras».
«La UE conoce esta situación. Por tanto, le solicitamos una vez más, que se pronuncie públicamente sobre ello y que reclame al gobierno de Santos que demuestre con hechos su compromiso con los DDHH», precisa Vallies. En el último informe anual del Reino Unido -miembro de la UE-, sobre derechos humanos en el mundo, presentado este 30 de abril en Londres por el Foreign Office, este país ‘lamenta el empeoramiento de la situación de los defensores en Colombia’ y denuncia el incremento de las amenazas y la violencia de grupos armados ilegales, ‘que quedan mayoritariamente impunes’. «Es un ejemplo que la UE debería seguir», aclara el portavoz. Nos preguntamos: «¿qué más tiene que suceder en Colombia para que la UE condene la situación de DDHH?». Desde la red de la Oidhaco pedimos medidas contundentes por parte del gobierno colombiano para asegurar el pleno respeto a los DDHH, y exigimos a los actores del conflicto armado el respeto al DIH. «Así que, solicitamos a las Farc la pronta liberación del periodista francés Roméo Langlois«, concluye Vallies.
Fuente: Oidhaco
Publicado en Agencia Prensa Rural
11 de mayo de 2012
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