Comunidades indígenas mexicanas exigen consulta nacional sobre energía eólica

Asociaciones civiles indígenas y ecologistas mexicanas lograron que se dejara sin efecto el Acuerdo de Sustentabilidad de la Península de Yucatán (Aspy), firmado en diciembre de 2016 por los gobernadores de Yucatán, Campeche y Quintana Roo (este). Esto obliga a los gobiernos estadales a poner en marcha una consulta más grande, para conocer la opinión de los pueblos originarios con relación a las acciones que integran este acuerdo que les ha significado despojos.

Representantes del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, del Colectivo Semillas Nativas Much’Kanan I´inaj, Educe A.C y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (Anaa) dieron a conocer la obtención de estos amparos promovidos ante juzgados de distrito en Yucatán y Chetumal, y que dejan sin efecto el Aspy.

Raymundo Espinoza Hernández, de Anaa, explicó que los sectores indígenas desconocen los alcances del Aspy que se desprenden de la Agenda 2030 en materia de sustentabilidad.

El pueblo indígena maya desconocía los acuerdos y han sido víctimas de discriminación y, en algunos casos, de despojo, tal como lo sostuvo Pedro Uc, de Yucatán, quien afirmó que al menos en cinco comunidades se han instalado proyectos de energía eólica que han terminado en la venta, a bajo precio, de las tierras ejidales.

Consulta a indígenas

El representante de Anaa destaca que, a raíz de ello, a principios de 2017 se promovieron estos amparos, aunque el de Yucatán fue rechazado por falta de personalidad jurídica, finalmente fue admitido.

Entre tanto, en el caso del amparo promovido en Chetumal, el Juez de Distrito emitió una sentencia en contra de los demandantes afirmando que no hay interés legítimo ni jurídico para acudir al juicio de amparo, porque el acuerdo supone “no les causa ningún agravio”.

En esta resolución se reconoce la importancia del pueblo maya y pide que se abra la consulta a cada proyecto del Aspy. Además, determina que la totalidad del proyecto que impulsa el Gobierno se debe consultar con la totalidad de las comunidades que integran el pueblo maya de la península.

Asímismo, ordena que se publique en los medios oficiales para tener valor y pide que el acuerdo sea traducido y difundido en lengua maya.