La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) exige el Gobierno una investigación exhaustiva del asesinato del defensor y activista social Abraham Hernández González, coordinador regional del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi) en el sureño estado de Oaxaca.
Con este asesinato “son ocho los casos de personas defensoras de derechos humanos víctimas de homicidio en 2018 que ha conocido la ONU-DH, cuatro de los cuales ocurrieron en Oaxaca”, deploró el organismo mediante un comunicado.
Por ello, el Alto Comisionado llamó a las autoridades mexicanas a realizar “una indagatoria pronta, exhaustiva y eficaz” que incluya entre sus líneas de investigación “la hipótesis relacionada con la labor de defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Hernández y que tome en cuenta los antecedentes de agresión en contra de la organización».
Hernández era coordinador regional del Codedi, organización con amplia trayectoria que trabaja con varias comunidades indígenas de la sierra sur, valles centrales y costas del estado de Oaxaca, defendiendo los derechos de los pueblos indígenas.
https://www.youtube.com/watch?v=4U_liQCj3hc
Nueve defensores asesinados en Oaxaca
Un informe de diversas organizaciones no gubernamentales sostiene que, en menos de dos años, fueron asesinados nueve -y no ocho, como lo reseñó la ONU- defensores de derechos humanos en Oaxaca. En 2017, se cometieron al menos seis asesinatos. Lo insólito es que uno fue mientras la víctima estaba bajo resguardo del Estado, en una cárcel municipal, y otros tres bajo protección del gobierno estadal, es decir, con medidas cautelares.
En los primeros meses de 2018 resultaron asesinados tres integrantes del Comité de Defensa de Derechos Indígenas, durante una emboscada en las cercanías del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en la Sierra Sur del estado.
Además, el informe advierte que los ataques del Estado contra defensores de derechos humanos aumentaron significativamente también, tanto en frecuencia como en el nivel de violencia empleado. Al menos 124 agravios cometidos de enero a septiembre de 2016 contra 76 defensores de derechos humanos. En 80 casos, el 64.5%, los agresores fueron servidores públicos.
De enero a octubre de 2017, se reportan 166 violaciones a derechos humanos cometidas en 113 agresiones contra 101 personas, sin tomar en cuenta ataques a colectivos. En 18 agresiones hubo presencia de armas de fuego.
Asimismo, informa de al menos nueve detenciones ilegales contra personas defensoras durante 2017; 64 casos de agresiones verbales, amenazas e intimidación, y 51 de agresiones físicas. “El recuento oficial no da cuenta de la grave dimensión que han tenido estos últimos años allanamientos a oficinas y viviendas de defensoras y defensores”.
El aumento en las agresiones a defensores, asegura, muestra una clara relación con la puesta en marcha de las reformas estructurales del Gobierno Federal, “lo que hace notar que los ataques forman parte de una política sistemática.
Entre 2012 y 2017 los ataques contra activistas están relacionados con la reforma energética, megaproyectos, reforma educativa, reforma a la ley minera y la reforma de telecomunicaciones. “Ello se hace más evidente cuando se observan los espacios de acción de los defensores bajo ataque: oposición a la reforma educativa en 2016 y defensa de tierra y territorio en 2017”, precisó.
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