Los reclamos formales de los indígenas por la tenencia de la tierra en Perú podrían resolverse en días, pero permanecen estancados debido a costosas disputas legales de hasta 30 años de duración. Pareciera que solo podrán solucionarse adecuadamente cuando se ponga fin a la burocracia y se tenga un fuerte apoyo gubernamental.
La legislación peruana determina que las comunidades originarias deben seguir al menos 20 pasos distintos para ser tituladas y obtener derechos sobre la tierra y los bosques.
Desde 1974, más de 1.300 comunidades indígenas en la Amazonía peruana han obtenido títulos de aproximadamente 12 millones de hectáreas de tierras, que incluyen el 17% de los bosques del país.
«La disputa por los derechos a la tierra: reducción de la inequidadentre comunidades y empresas» es el nombre en español de un trabajo presentado recientemente en Lima, el cual fue producido de manera conjunta por científicos del World Resources Institute (WRI) y el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR).
El desafío peruano
“A pesar de este avance importante, el proceso de titulación aún está plagado de dificultades logísticas; puede ser largo, complicado y costoso”, dice Iliana Monterroso, investigadora posdoctoral de CIFOR, quien llevó adelante la parte del estudio correspondiente al Perú.
“En la práctica, nuestra investigación demuestra que estas comunidades deben seguir 35 pasos distintos, y que les toma hasta 20 años completar sus procesos de formalización”, agrega Anne Larson, científica principal de CIFOR.
Para complicar aún más el problema, el Instituto del Bien Común estima que alrededor del 80% de estas comunidades nativas tituladas no están registradas en las instancias de propiedad nacional. Esto se debe en parte a las superposiciones, que solo se resuelven en la etapa final, luego de emitido el título.
Muchas comunidades aún esperan que se resuelvan sus procesos de formalización, mientras que más de 600 ni siquiera han comenzado el proceso. “Además, algunas de las que están actualmente registradas ahora tienen que rehacer al menos parte del proceso, porque se llevó a cabo sin mapas georreferenciados, antes de que dicha tecnología estuviera disponible”, dice Larson.
Las comunidades indígenas y sus organizaciones y federaciones necesitan apoyo para defender sus derechos de propiedad, gestionar los bosques y los recursos naturales y mejorar su seguridad alimentaria, a partir de sus propias agendas y prioridades.
Respetar los derechos de tenencia comunitaria e indígena de más de 2.500 millones de personas en el mundo, cuyos medios de subsistencia dependen de la tenencia colectiva de la tierra, ayudaría a conservar los bosques, mitigar el cambio climático y reducir la degradación ambiental y conduciría a iniciativas de desarrollo sostenible, es una de las conclusiones del estudio.
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