Polémica licitación de inmuebles fiscales promovida por Ministerio de Bienes Nacionales

En Chile, hay 28 mil familias sin techo y 17 mil inmuebles fiscales, cientos de ellos, abandonados. Frente a esta realidad, un grupo de creativos pobladores, hizo una ecuación sencilla: casas abandonadas más familias sin casa puede ser igual a familias vulnerables con casa. Así nació el proyecto «Inmuebles Recuperados por Autogestión» (IRA), que ya cumplió un año, y que durante este período ha beneficiado a 90 familias vulnerables, otorgándoles la oportunidad de acceder a una vivienda adecuada, tal como lo establece la última resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La innovadora iniciativa fue celebrada incluso por la relatora para el Derecho a la Vivienda Adecuada de la ONU, Raquel Rolnik, durante su reciente visita a Chile, «esto demuestra como la ciudadanía es capaz de proponer y ejecutar soluciones tan simples y tan creativas, que conmueven, porque además ayudan a superar los grandes problemas que afectan a la ciudad y a las familias sin techo», señaló la diplomática.

También el Colegio de Arquitectos se sumó a las felicitaciones. «Vivimos en ciudades marcadas por la desigualdad: ni los gobiernos ni el mercado han sido capaces de proveer viviendas ni entornos adecuados para las personas de bajos ingresos. En este contexto, el proyecto IRA es un tremendo aporte a superar la inequidad que tiene a Chile en el segundo lugar de los países más desiguales de latinoamérica», señala la Comisión de Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos.

Sin embargo, hoy el proyecto «Inmuebles Recuperados por Autogestión» corre peligro, a causa de la voluntad del Ministerio de Bienes Nacionales, de licitar 32 inmuebles fiscales abandonados, con el objetivo de que estos sean ocupadas por empresas privadas para fines comerciales. Dos de estos inmuebles, son parte del proyecto IRA, en los cuáles habitan 15 familias -y que en futuro serán 60-, las que han restaurado las casonas con sus propias manos y con recursos generados en actividades culturales y comunitarias.

LOS CASOS EN DISPUTA

El primero es “Casona Esperanza” propiedad del Arzobispado de Santiago (en litigio con el Ministerio de Bienes Nacionales), que alberga a 8 familias, y que contempla un proyecto de 29 soluciones habitacionales. El Arzobispado por medio del padre Rodrigo Tupper ha manifestado su voluntad de ceder el inmueble y sacar adelante el proyecto. No obstante el Ministerio de Bienes Nacionales argumenta que el terreno es de propiedad del Estado, por cual debe ser licitado, lo que ha provocado un bloqueo en las gestiones de transferencia hacia las familias.

Otro caso es la “Casona Protectora” propiedad de Bienes Nacionales, alberga a 7 familias y contempla 30 soluciones habitacionales. Magdalena González, comerciante del barrio Franklin y habitante de la casona, señalá: “Nosotros limpiamos, pusimos luz y agua, pagamos las cuentas, arreglamos los techos y los muros, y ahora tenemos que salir, a pesar que hasta tenemos la venia del Municipio de Santiago para vivir aquí”.

Francisca Licarayen

El Ciudadano