La JEP usará como base informativa el informe que recibió de la Fiscalía General sobre estos hechos, que registra al menos 2.200 «falsos positivos» entre 1988 y 2014. No obstante, las ejecuciones extrajudiciales aumentaron a partir del 2002 y tuvieron su etapa más crítica entre 2006 y 2008, durante el mandato de Álvaro uribe (2002-2010).
Catalina Díaz, magistrada de la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP, adelantóque esos casos de ejecuciones extrajudiciales involucran a unos dos mil miembros de la fuerza pública, que habrían manifestado su voluntad de comparecer ante la JEP.
Los informes disponibles indican que entre 1988 y 2014 se registraron 2.248 falsos positivos, en los que predominan como perfil personas de bajos recursos, indigentes, trabajadores informales y, sobre todo, campesinos.
Díaz añadió que se tienen registros de esos hechos en 29 de los 32 departamentos del país. Sin embargo, la mayor incidencia se reporta en Antioquia, seguida de Casanare, Cesar, Meta y Norte de Santander. También se conoció que cuatro de las ocho divisiones del Ejército concentran el 60% de los casos, acotó la magistrada de la JEP.
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El proceso llevará ante el tribunal a 1.944 miembros de la fuerza pública que ya han manifestado su voluntad de comparecer ante la JEP, y que están relacionados con 2.586 casos de «falsos positivos», aunque la Sala no descarta ampliar el número de comparecientes a medida que avance el caso.
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