Ante la grave situación que vive el periodista Javier Rebolledo, quien ha destacado por sus investigaciones sobre violaciones de derechos humanos durante la dictadura cívico-militar, el Colegio de Periodistas ha manifestado a la opinión pública su profundo rechazo a la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de acoger una querella presentada por el abogado Juan Carlos Manns en su contra por injurias y calumnias, con posible pena de cárcel, revirtiendo así el fallo en primera instancia que desestimó la presentación.
El tribunal de alzada consideró que “los hechos que fundan la querella, pueden ser constitutivos de delito”, por lo que desde ese momento Rebolledo se encuentra encausado y citado con apercibimiento de la fuerza pública para el 16 de agosto, situación que el Colegio de Periodistas ha calificado como «inadmisible».
Esta decisión se adoptó luego del libelo interpuesto por Carolina Paz Quintana Poblete, hija del teniente coronel de Ejército, Raúl Quintana Salazar, en el cual se cuestiona la publicación de parte de su historial policial y judicial en uno de los libros de Rebolledo, quien fue notificado el 18 de julio de esta resolución de la Justicia.
Cabe recordar que Quintana Salazar -quien se encuentra recluido en Punta Peuco- cumple más de 15 años de condena por secuestro, desaparición de personas, asociación ilícita y tortura.
En este contexto, el Colegio ha repudiado la acción en contra del investigador porque -a su juicio- «violenta gravemente el ejercicio profesional del colega, como también a la libertad de expresión en Chile».
Junto con ello se destaca que en mayo, en primera instancia, se había declarado inadmisible la querella bajo el argumento de que lo publicado en el libro de Rebolledo no es “ni siquiera potencialmente ofensivo” al honor de los querellantes, desestimando en todas sus partes la acción.
«Debemos recordar la ilegitimidad de la legislación nacional que en su Código Penal y Ley de Prensa mantiene la posible imposición de penas corporales para las infracciones asociadas al ejercicio de la libertad de expresión y prensa, lo cual ha sido explícitamente desestimado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que plantea la necesidad de que los estados apliquen normativas que cautelen la honra de las personas ‘solo a través de sanciones civiles'», apunta la entidad que agrupa a los periodistas colegiados.
En ese sentido, se sostiene que «el derecho a investigar y difundir temas de interés público, como son las violaciones a los derechos humanos, no puede ser conculcado por acciones de este tipo, validadas por un órgano del Estado».
El Colegio de Periodistas -junto con informar que acompañará a Javier Rebolledo en todas las acciones judiciales a las que sea citado- ha anunciado que denunciará esta situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los organismos correspondientes en nuestro país.