A mediados de los años ’80 comenzó la construcción de la mina del Cerrejón en el departamento de La Guajira, en territorio colombiano, en la frontera con Venezuela. Desde entonces, los indígenas wayuu llevan décadas luchando contra los macro proyectos mineros que destruyen sus comunidades y su forma de vida.
Estos pueblos originarios son víctimas de desplazamientos forzados, pérdida de tierras fértiles, desertificación, ruido y máquinas trabajando las 24 horas del día, aunado al ruido de un tren que con 150 vagones y 2,8 kilómetros de largo atraviesa y divide el territorio wayuu.
El Cerrejón es una de las explotaciones carboníferas a cielo abierto más grandes del planeta, que ha obligado al desplazamiento de poblaciones enteras -unas 3.800 personas en 2017 según datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)- y que absorbe el recurso más preciado de la región: el agua.
Para mantener compactas las gigantescas montañas de mineral de carbón es necesario regarlas constantemente, razón por la cual la compañía propietaria, cuya mayor participación la tiene la multinacional Glencore, ha desviado el Río Ranchería y otros arroyos menores, vitales para dar agua a las tierras del pueblo wayuu.
Cerrejón y sus daños al ambiente
Pese a este intenso riego de las montañas de carbón, el inevitable polvillo que se desprende de ellas “envenena nuestras cosechas”, como denuncian los wayuu, y produce todo tipo de enfermedades respiratorias en la población, confinada en los llamados “resguardos”, nuevos poblados creados a prisa y corriendo para acoger a las comunidades desplazadas, y que en su mayoría carecen de los servicios más básicos.
La minería agresiva practicada por Glencore no solo tiene enemigos entre las comunidades indígenas, sino también entre los propios empleados de la mina. Sintracarbón, el sindicato que representa a los trabajadores de la mina, se ha puesto del lado de los wayuu en la denuncia de una acción depredadora del medioambiente y la forma de vida de las poblaciones indígenas.
Los representantes del movimiento indígena denuncian la campaña de imagen de una empresa que “ha destruido nuestra forma de vida basada en la agricultura, y nos ha recluido en los resguardos, donde la gente vive en la miseria”.
Según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los últimos ocho años se han producido 4.770 muertes por desnutrición infantil en la Guajira, y estarían relacionadas con el impacto negativo de la minería.
Violencia paramilitar
Los indígenas se asientan en Colombia sobre algunos de los territorios más ricos, desde el punto de vista minero. Además, el abandono de las armas por parte de las FARC no ha generado una desmovilización paralela de los grupos paramilitares, bandas criminales que funcionan como brazo armado de las empresas.
La ONIC denuncia que la resistencia de los indígenas a ser desplazados de sus territorios ha terminado con el homicidio de 38 dirigentes y activistas en 2017, a manos de distintos grupos armados ilegales y fuerzas de seguridad del Estado.
Minería sostenible
Desde el sindicato consideran que la minería del carbón no es un sector de futuro y que el Cerrejón debe redimensionarse para estar al “servicio de la economía colombiana”, dado que, en palabras de Jairo Quirós, uno de los líderes sindicales, el yacimiento “no genera desarrollo sostenible, explota los recursos de la Guajira y no deja aquí los beneficios, solo daños medioambiantales”.
El sindicato defiende nacionalizar la mina para convertirla en una explotación más pequeña, no orientada a la exportación, sino que sirva como reserva estratégica de energía para Colombia, así como para generar empleos en las renovables y en la restauración del paisaje devastado por la macrominería del carbón.
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