Hasta el Ministerio de Justicia llegó el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, junto al vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Meza, para entregar al titular de la cartera, Hernán Larraín, una propuesta normativa que modifica el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios N°518, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los derechos a la integridad de las culturas indígenas. incluso cuando las personas se encuentren privadas de libertad, ajustándose así a estándares internacionales de Derechos Humanos.
El documento es firmado por los premios nacionales Humberto Maturana (Ciencias naturales) y Héctor Noguera (Artes de la Representación), además de las diputadas Emilia Nuyado y Carmen Hertz, ambas integrantes de la comisión de Derechos Humanos y y Pueblos Originarios de la cámara. A ellos se suma el sacerdote jesuita, Felipe Berríos, radicado actualmente en la comunidad de La Chimba, Antofagasta.
Hoy junto al doctor Patricio Meza, vicepdte @colmedchile , el vicerrector Juan Cortés y la académica @derechouchile Myrna Villegas entregamos al ministro de Justicia una propuesta para garantizar los derechos e integridad de personas de pueblos indígenas privadas de libertad. pic.twitter.com/jHPSCTrasO
— Ennio Vivaldi (@EnnioVivaldi) July 31, 2018
La propuesta se genera en el marco del reciente permiso que dio Gendarmería para que el machi Celestino Córdova, primer condenado por el caso Luchsinger-Mackay, pueda salir de la cárcel en dirección a su comunidad con el fin de renovar su rewe, rito ceremonial respaldado por el Colegio Médico, en atención a las necesidades espirituales de la autoridad mapuche.
En este sentido, el rector de la casa de Bello, Ennio Vivaldi, valoró la “altura de miras con la que se terminó resolviendo situación” del machi. Además, destacó que el planteamiento entregado a Larraín “garantiza el derecho de los pueblos indígenas en términos de sus de las motivaciones que ellos tienen en el ámbito de la terapéutica, de la salud, así como de la espiritualidad”.
“Esperamos seguir trabajando para apoyar la causa de resolución de conflicto y de integración de los pueblos indígenas, dentro del contexto de nuestro país y de nuestra sociedad”, añadió el médico a la cabeza del plantel universitario.
Por su parte, la abogada Myrna Villegas, directora subrogante del Centro de derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, detalló que la propuesta considera una “modificación al Reglamento Penitenciario, que pretende considerar de manera transversal todo lo que es el respeto a los pueblos originarios, a los derechos, costumbres y al derecho consuetudinario, a su identidad cultural y a sus respectivas cosmovisiones, tanto los principios como en los recintos penitenciarios, y en los permisos de salida y en la aplicación de sanción”.
La académica enfatizó en que la iniciativa apunta a que el Estado chileno materialice su cumplimiento con los estándares internacionales en derechos humanos, suscritos mediante la firma de tratados como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Si bien la abogada Villegas manifestó la necesidad de incluir la voz de los propios pueblos en relación al contenido de las propuestas, descartó que eso implique que el Estado deba abstenerse de formular planteamientos sobre la materia.
“La propuesta, desde el momento en que abarca o toca un tema indígena, es evidente que tiene que ser consultada a los pueblos indígenas, sin embargo creo que eso no impide que desde ya el propio Estado pueda comenzar una interpretación de todo su normativa penitenciaria en orden a respetar estos mismos derechos”, remarcó.