La Fiscalía General de Colombia reveló que en los primeros siete meses de 2018 recibió más de 1.200 denuncias de amenazas de muerte: «En solo 2018, la entidad ha recibido 1.291 denuncias de líderes sociales y desmovilizados de las desaparecidas FARC», indicó en un comunicado reseñado por la agencia de noticias Sputnik.
El documento del Ministerio Público colombiano indica que se pudo identificar y ubicar a «los responsables de la intimidación y constreñimiento a 85 líderes defensores de los procesos de sustitución de cultivos ilícitos«, que son «perseguidos por grupos armados organizados que quieren someter a las comunidades a la cadena de producción del narcotráfico».
El diagnóstico presentado este martes reveló que tres departamentos, Cauca, Nariño y Putumayo (en el suroeste del país), concentran la mitad de las amenazas y hechos violentos conocidos, lo cual también ha derivado en desplazamientos, toma ilegal de posesión de terrenos por parte de los victimarios y ataques a la vida de las personas que promueven una salida lícita a los cultivos ilegales.
Por último, la Fiscalía General precisó que ha logrado «un porcentaje histórico en el esclarecimiento de homicidios contra defensores verificados por las Naciones Unidas que alcanza el 49,18% a julio de 2018», aunque no precisó cifras.
«En todos estos hechos hay causas definidas, capturados y responsables judicializados (en proceso judicial)», agregó.
Según la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de este año se han registrado 311 asesinatos contra líderes sociales y defensores en varias regiones de Colombia. Estas cifras podrían ser más elevadas según algunas organizaciones no gubernamentales que monitorean el tema de la violencia.
Este comunicado se produce cuando periodistas colombianos alertan sobre las continuas amenazas de muerte por su cobertura del proceso de paz en el país. Esta etapa -advierten- refleja una «atmósfera nueva, preocupante y peligrosa» desde la elección del nuevo presidente.