La falta de espacio en los cementerios en el gigante asiático ha hecho que el Ejecutivo de esta nación ponga en marcha políticas para fomentar la incineración de los cadáveres y no el entierro.
El Gobierno de la provincias de Jiangxi (sureste) con una población de 45 millones de habitantes ha prohibido enterrar a sus muertos como manda la tradición y ha confiscado a la fuerza todos los ataúdes.
Según la tradición china, el difunto ha de viajar al más allá de la forma más intacta posible. Es por ello que el entierro es la práctica que se considera más adecuada.
En los últimos años se ha intentado cambiar esta idea, ya que en muchos lugares la falta de espacio la hace insostenible, especialmente en las grandes ciudades donde ya es obligatorio incinerar los cuerpos.
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Con el objetivo de atraer la longevidad en algunas zonas rurales todavía existe la tradición de comprar o construir el ataúd a medida, en vida, y guardarlo hasta la muerte.
En los últimos meses trabajadores del Gobierno han entrado en las casas de las personas a la fuerza para hacerles cumplir la ley emitida hace seis meses y que estipula que desde septiembre de 2018 estará prohibido enterrar a los muertos en ataúdes por lo que no se puede poseer ni fabricar un féretro.
Desde que se introdujo la medida en la zona, se han entregado voluntariamente unos 5,800 féretros y otros tantos han sido decomisados por las fuerzas de seguridad. La medida, calificada por la prensa local como «bárbara e impopular» ha creado una fuerte polémica entre la población que no entiende que los intereses económicos se pongan por encima de las tradiciones.
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La Ley que acaba con la tradición de los habitantes de Jiangxi ha levantado serias críticas e indignación por parte de sus habitantes, quienes han manifestado que dicha práctica les trae buena fortuna.