La expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) fue llamada a declaración indagatoria, en el marco de una causa por el supuesto pago de sobornos en los contratos de construcción de obras públicas.
También deberán comparecer el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, el exministro de Planificación Julio De Vido, el empresario de medios santacruceño Rudy Ulloa y el expresidente de la UIA Juan Lascurain. De igual forma, fueron citados los empresarios Rodolfo Paulette, Alejandro Ivanissevich, Raimundo Peduto y Miguel Santos Uribelarrea, entre otras personas.
La citación se da luego de un operativo policial que incluyó 34 allanamientos y en el que fueron detenidos Roberto Baratta, exfuncionario de Planificación, el empresario Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería; y Javier Sánchez Caballero, ex CEO de la firma IECSA -constructora que perteneciera al Grupo Macri-.
Además de Baratta, Ferreyra y Sánchez Caballero, fueron detenidos también el expresidente de Enarsa Walter Fagyas; Armando Losón, presidente del Grupo Albanesi; y Carlos Mundín, dueño de la firma BTU. También fue detenido el exfuncionario de Planificación Rafael Llorens.
La causa judicial investiga un presunto pago de coimas a partir de la declaración de una testigo vinculada a Oscar Centeno, chofer de Baratta, que ha puesto a disposición de la Justicia unos cuadernos donde, supuestamente, el empleado habría anotado el transporte de bolsos con dinero en efectivo entre 2005 y 2015, para el pago de coimas.
La sombra de la guerra judicial
Ahora bien, más allá de estos detalles que tendrá que esclarecer la justicia argentina, llama la atención la citación de la expresidenta Cristina Fernández, quien expresa que se trata de un “show” para tapar el tema económico con fines políticos, porque “tienen terror a las encuestas” ante una eventual candidatura presidencial.
La sombra de la persecución política está presente, en un contexto suramericano donde la política cada vez más se judicializa en función de contener los liderazgos progresistas y de izquierda. Los procesos de lawfare de los últimos tiempos generan sospechas.
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