La Corte Constitucional de Ecuador derogó las enmiendas constitucionales que fueron aprobadas en 2015 durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017), entre ellas la que declaraba a la comunicación como un servicio público.
«Se declara la inconstitucionalidad de las enmiendas a la Constitución de la República del Ecuador, aprobadas por la Asamblea Nacional del Ecuador el 3 de diciembre de 2015″, señala el texto de la sentencia difundida a través de los medios de comunicación locales.
Tras bastidores de la política, se comenta en medios ecuatorianos que estas decisiones buscan debilitar el liderazgo de Correa y truncar la posibilidad de volver a reelegir. Un plan del que sería partícipe el presidente Lenín Moreno y el grupo que lo acompaña.
La decisión fue adoptada por cinco de los nueve magistrados constitucionales que aceptaron tres de las siete demandas ciudadanas que se habían interpuesto a las enmiendas desde su aprobación hace más de dos años.
Diversos grupos sociales interpusieron demandas a la Corte Constitucional en diferentes épocas. El fallo debe ser comunicado a los demandantes antes de entrar en plena vigencia.
Entre los principales cambios está que la comunicación dejaría de ser un servicio público para mantenerse como un derecho.
Asimismo, se le devuelve a la Contraloría algunas facultades y además se le anula la atribución a este órgano de controlar “la consecución de los objetivos de las instituciones” y la disposición que declara que es atribución del Estado central planificar, construir y mantener la infraestructura y equipos de salud y educación.
Asimismo, se retira a las Fuerzas Armadas la función adicional que se le dio de «complementariamente apoyar en la seguridad del Estado«, pues su labor central es «la defensa de la soberanía y la integridad nacional» y no incursionar en acciones que le corresponden únicamente a la Policía Nacional.
La Corte decidió además prohibir al Legislativo que en el futuro las reformas constitucionales sean votadas en paquetes, sino artículo por artículo.
Los jueces que derogaron las enmiendas son los mismos que las aprobaron durante la administración de Correa. En aquella oportunidad alegaron que sí eran constitucionales.
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