Piden comisión investigadora por fallido plan de descontaminación de Concón, Quintero y Puchuncaví

Con un transversal respaldo político se presentó la solicitud para abrir una comisión investigadora por las responsabilidades políticas y administrativas respecto del fallido plan de descontaminación para Concón, Quintero y Puchuncaví. La iniciativa tuvo en consideración la decisión de la Contraloría General de la República, que en diciembre pasado señaló que el plan “no se ajusta a derecho”.

“Es la contaminación ambiental, producto de un parque industrial sobredimensionado, lo que ha causado intoxicaciones en menores, adultos mayores y profesores, como ocurrió en la escuela La Greda, que lamentablemente no ha sido solucionado”, señaló el diputado Diego Ibáñez (Movimiento Autonomista).

En septiembre de 2015, más de 40 estudiantes de La Greda, en Puchuncaví, resultaron intoxicados por la emanación de gases desde la planta de tratamiento de residuos. Ésta última no había recibido mantención, por lo que la seremi de Salud de la época resolvió el cierre del establecimiento, aunque los problemas en La Greda venían de antes. De hecho, en el año 2011, las autoridades decidieron su cierre tras comprobar que los niños presentaban arsénico y plomo en su sangre.

“Es de conocimiento público que mucha gente ha muerto y es importante establecer, por parte del Estado, normas de medición a la calidad del aire, que sean reales y concretas y que no sean las mismas empresas las que se estén autoregulando, porque eso esta viciado”, afirmó la diputada Carolina Marzán (PPD).

Incluso, la ultraderechista Camila Flores (RN) respaldó la solicitud de una comisión investigadora. “Lo que busca es que las comunas de nuestra región dejen de ser zonas de sacrificio para solventar de energía eléctrica o renovable al resto del país”, comentó.

Hasta el Congreso también llegó Marta Aravena, dirigenta de la Agrupación de Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia de Quintero y Puchuncaví. “Nuestra preocupación mayormente es velar por nuestros niños y el Estado no ha velado por ellos, dado todo este tipo de planes fallidos y falta de normas que tenemos en la zona”, expresó.

La dirigenta apuntó que recientemente una planta desaladora consiguió aprobación y que otra estaría “ad portas” de instalarse en la zona, lo que significaría, según dijo, “terminar con todo nuestro ecosistema marino”. “No resistimos más empresas en el cordón industrial y necesitamos tener normas acorde a lo que pide la Organización Mundial de la Salud”, aseveró.