En 1861, Cornelio Saavedra, político y militar chileno, presentó por primera vez el “Plan de Pacificación de la Araucanía”, que no era otra cosa que la estrategia de apoyo táctico militar, mediante la cual el Estado de Chile aseguraría la propiedad y las inversiones de los colonos en territorio Mapuche. Hoy, 160 años más tarde, Chile sigue utilizando las mismas lógicas de entonces en el territorio colonizado: disfrazar de problema público el problema de los capitales, para así poner los aparatos represivos al cuidado de las tierras usurpadas.
Las cifras son contundentes, en marzo de 2016 el Departamento de Análisis Policial de Carabineros reveló en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, que en ese momento había más de mil carabineros cumpliendo medidas de protección en la Macro Zona Sur y en noviembre de ese mismo año, El Mercurio dio a conocer la existencia de que al menos cien de esas medidas eran consideradas de alta intensidad, es decir, puntos fijos y escoltas permanentes.
Ese mismo año, solicité formalmente que se me informase acerca del presupuesto destinado por Carabineros a labores de seguridad de empresas privadas en la zona y la respuesta fue decidora: Solo el año 2015 la institución policial invirtió $ 1.879.129.553 en la custodia de alrededor de 15 empresas en Los Ríos, La Araucanía y el Biobío, casi todas pertenecientes a los grupos Matte y Angelini, lo que constituyó un aumento del 2.200% respecto a 2010. Cifra que sin duda aumentará, cuando se conozcan los detalles presupuestarios del famoso Comando Jungla.
Estamos claramente ante una paradoja.
El Estado de Chile, tanto en los gobiernos de la Concertación/Nueva Mayoría, como de la derecha, ha invertido una cantidad considerable de recursos públicos en la solución de problemas privados y como si no bastara con los 30 mil millones de pesos mal versados en la institución y los siete mil efectivos fantasma, tiene a Carabineros cuidando los intereses de grupos económicos, en lugar de resguardar la seguridad pública.
Para lograr eso, los gobiernos, principalmente mediante sus ministros del interior, esgrimen de forma incansable ante la prensa excusas como el terrorismo y el resguardo de la seguridad nacional, recurriendo a la vieja argucia del “enemigo interno” para no hacerse cargo de los problemas de fondo: el robo de tierras y la expoliación de los derechos culturales de los pueblos indígenas.
El próximo año, 2019, se cumplirán 30 años de existencia de la principal herramienta del derecho internacional en resguardo de los derechos indígenas – el Convenio 169 de la OIT – y se cumplirán 10 años, de su firma por parte de la Presidenta Bachelet. Ya es momento de que Chile cese su persecución a las demandas del pueblo Mapuche y utilice a sus policías en lo que debe: resguardar la seguridad pública, no la de intereses económicos.
Alejandro Navarro Brain
Senador de la República
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