En medio de críticas reformalizaron a gendarmes por incendio en Cárcel de San Miguel

A partir de la mañana de este martes en el 11° Juzgado de Garantía de Santiago fueron reformalizados ocho ex funcionarios de Gendarmería por cuasidelito de homicidio, a raíz de la muerte de 81 reclusos en el incendio de la Cárcel de San Miguel ocurrido el 8 de diciembre de 2010.

Se trata de los centinelas Fernando Orrego, José Poblete y Fernando Riquelme, formalizados  actualmente por homicidio por omisión; el entonces director regional metropolitano de Gendarmería, Carlos Bustos; el jefe operativo regional Jaime San Martín; el oficial de guardia José Alexis Hormazábal; el alcaide de la Cárcel Segundo Sanzana y el jefe administrativo del penal, Patricio Campos, quienes hasta el momento estaban imputados por cuasidelito de homicidio reiterado.

El fiscal Pablo Sabaj, explicó que aparecieron “varios antecedentes que es importante consignar en la reformalización, básicamente las conductas de los gendarmes imputados que determinó la infracción de numerosos reglamentos de Gendarmería”. Agregó que “se violaron una serie de protocolos y reglamentos que ordenaban resguardar la vida de los reclusos en caso de una situación de siniestro», añadió Sabaj.

Para el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP), José Maldonado, la reformalización afirma la postura de esa organización que desde un principio reclamó que a los gendarmes no correspondía el homicidio por omisión, como lo había intentado establecer el ex fiscal Alejandro Peña.

El dirigente de la ANOP subrayó además la necesidad de establecer otras responsabilidades. “Hay otro aspecto en la investigación sobre las redes contra incendio que quedó demostrado en la Cámara de Diputados por trabajos que no se hicieron, que se pagaron y que esta administración recibió las obras”. Indicó que “de esa investigación no hemos tenido noticia de parte de la Fiscalía Sur. También hay una duda sobre si va a tener o no la fuerza necesaria sobre las responsabilidades que pudieran tener algunos personeros políticos en relación con las redes contra incendios”.

Para los familiares se está cayendo en formalismos jurídicos que podrían relativizar las penas y sanciones que ameritan los sucesos del incendio de la Cárcel de San Miguel. José Quezada, padre de Antonio Quezada, uno de los fallecidos en el incendio en diciembre de 2010, lamentó que la reformalización pueda significar penas más bajas. “Lo que podría molestarnos a nosotros, como familiares, es que con esto se produzca una rebaja de pena a las personas responsables del asesinato de las 81 personas que fallecieron en la cárcel de San Miguel, porque realmente hay responsables, que son culpables, que no han cometido un cuasi delito de homicidio”, dijo Quezada.

“Para mí, ellos (los funcionarios de gendarmería) tienen responsabilidades directas y no una responsabilidad indirecta donde no se quiso hacer nada, porque ellos estuvieron en el lugar, pudieron salvar a las personas y no hicieron lo que correspondía según el reglamento y según la voluntad humana”, añadió el padre de una de las víctimas del incendio.

Respecto de la responsabilidad de las instituciones, José Quezada coincidió con la postura José Maldonado,y recordó que la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, había advertido que el abarrotamiento en las cárceles podría resultar en una tragedia, lo que no fue escuchado por ninguno de los poderes del Estado.

Por su parte, Carlos Quezada, abogado querellante en el caso en representación de algunas familias, explicó que insistirán en que se trató de delitos mayores. “Desde la perspectiva de nosotros como querellantes en la formalización del Ministerio Público corresponde una facultad exclusiva de ellos, por lo tanto, no tiene incidencia directa, si el Ministerio Público determina que en su opinión los hechos son constitutivos de cuasi-delito de homicidio reiterado, es su facultad y nosotros no podemos cuestionarla”, manifestó.

El representante de las familias manifestó, que “nosotros como querellantes vamos a mantener nuestra pretensión de que al menos cinco de los imputados deben responder en su calidad de autores de delito de homicidio en comisión por omisión y para ello en el minuto procesal que correspondiente deduciremos la acusación particular que corresponda”.-

El Ciudadano