En Colombia están identificados 102 pueblos indígenas y 36 de ellos están en peligro de ser exterminados por la violencia y el desplazamiento.
En las últimas tres décadas, casi 3.000 indígenas colombianos fueron asesinados en una práctica de homicidios sistemáticos contra los pueblos originarios, dijo a Sputnik la titular de la Consejería de Derechos Humanos y Paz de los Pueblos Indígenas, Aida Quilcué.
Esta activista denuncia estos crímenes de lesa humanidad en un documento presentado hoy jueves 9 de agosto ante un tribunal de paz de este país en coincidencia con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
«Tenemos casos registrados desde 1984, por lo que nuestro propósito es manifestar a la JEP (Jurisdicción Especial de Paz) y al país que el asesinato de indígenas es sistemático y continuo», coautora del documento.
La iniciativa busca juzgar a actores del conflicto armado desde excombatientes hasta militares y civiles que hubieran cometido crímenes graves y no considerados conexos a los delitos políticos.
«Esperamos que el informe les permita a los magistrados de la JEP priorizar e investigar estos hechos y que los casos de indígenas asesinados empiecen a ser importantes en el marco de la construcción de la paz y la reconciliación de Colombia», agregó Quilcué.
https://www.youtube.com/watch?v=_dQa10mF1w8
Control de la tierra y narcotráfico
La violencia contra los pueblos indígenas es producto de la defensa del territorio y del ambiente que ellos ejercen, denuncian sus organizaciones.
En Colombia, a esa situación se suma el narcotráfico vinculado con el conflicto armado que aún persiste en varias regiones del país.
Varios de los territorios de los pueblos indígenas, reconocidos por la Constitución y llamados «resguardos», son escenario de confrontación de grupos ilegales que buscan hacerse de ellos para la plantación de cultivos ilícitos y por sostener rutas del narcotráfico.
El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indica que entre 2015 y 2016 los cultivos de coca crecieron 52%, al pasar de 96.000 a 146.000 hectáreas.
En ese periodo la afectación por cultivos de coca en resguardos indígenas aumentó 32%, (de 11.837 a 15.665) hectáreas en 2016.
Aunque el Gobierno asegura que trabaja para contrarrestar y prevenir actos de violencia contra los indígenas que se ven inmersos en esa situación , la realidad muestra que están entre las poblaciones más afectadas.
El asunto central es la incompleta o nula implementación de los acuerdos de paz, indican las organizaciones indígenas.
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