Radio Lógica de Peñalolén, Región Metropolitana, y Radio Galáctika de San Antonio, Región de Valparaíso, han sido denunciadas por transmisión ilegal. Mientras, se discute en el Congreso modificar el artículo que penaliza la radiodifusión sin licencia, el Estado arremete nuevamente contra radios comunitarias.
En momentos en que la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados discute sobre la creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones y la modificación del artículo 36b, letra a) de la Ley General de Telecomunicaciones para eliminar la penas de cárcel, denuncias sobre transmisión ilegal afectan a radios comunitarias de las regiones de Valparaíso y Metropolitana.
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) y su capítulo chileno, denunció a inicios de 2012 dos casos de criminalización contra radios comunitarias en el sur del país ante las relatorías de la Libertad de Expresión de la ONU y OEA.
En esta oportunidad, al domicilio de Radio Galactika llegó este lunes 11 de junio personal de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones para comprobar la denuncia por transmisión ilegal, a través de mediciones y fotos.
En tanto, a raíz de la denuncia de la Asociación de Radiodifusores de Chile, (Archi), Radio Lógica tiene audiencia de formalización el próximo 20 de julio, oportunidad en que se inicia el proceso judicial contra los comunicadores responsables, quienes arriesgan penas de cárcel de hasta 5 años, elevadas multas y decomiso de equipos.
Si bien se han abierto llamados a concursos, que son cerrados al mes por razones técnicas, ya que la Ley de Radios Comunitarias no entra en plena operación, en la práctica no existen concursos públicos de radiodifusión desde el año 2010 y concursos no resueltos desde 2005, los que quedaron sin efecto luego del pronunciamiento de la Contraloría General de la República.
Por tanto, se da una situación discriminatoria contra el sector social comunitario, pues, por una parte, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Subtel, insiste en que no existen frecuencias disponibles y que concursos no se abrirán hasta 2013, y, por otra parte, el Estado penaliza la radiodifusión sin licencia contraviniendo las recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos, que indican que no puede aplicarse una acción penal contra un acto de libertad de expresión, como es emitir por ondas radiales.
Lamentablemente el Estado, lejos de agilizar el nuevo ordenamiento del espectro radioeléctrico y a instancias del fuerte lobby que ejerció la Archi para promulgar la Ley de Radios Comunitarias, es que hoy tenemos privatizado el 95 de las frecuencias, lo que sepulta la demanda de más espacios para el diálogo, la democracia y la paz social en nuestro país.
El Ciudadano
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