«Venezuela es el país con mayor diversidad cultural, por contar con más de tres mil comunidades indígenas descendientes de 44 pueblos originarios«, así aseveró la jefa de la División de Derechos Indígenas de la Defensa Pública, Marianny Romero.
Los pueblos originarios son grupos que en la actualidad conforman aproximadamente el 2,8% de la población venezolana. Sin embargo, la misma población general tiene en su composición genética una contribución amerindia entre un 23 y 25% del total.
Existen 44 etnias que mantienen culturas totalmente limpias y originarias de la región, que no se vieron afectadas por la conquista y asimilación española durante la época de colonización.
Indígenas incluidos
«Ante esta diversidad, la Defensa Pública ha habilitado 21 despachos para garantizar el acceso a la justicia de las comunidades originarias», dijo Romero. Destacó que la mayoría de las etnias están ubicadas en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia.
Enfatizó en que, de acuerdo con verificaciones realizadas por la dirección de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación, también existen poblaciones indígenas en los estados de Barinas, Lara, Mérida y Trujillo.
Romero destacó que la Defensa Pública tiene entre sus objetivos orientar y asesorar a los ciudadanos en los procesos judiciales, respetando y enalteciendo sus valores ancestrales.
En el caso de los defensores asignados a esta materia, «deben hablar el idioma indígena, así como conocer la cultura de la comunidad o del pueblo al que están prestando sus servicios», como lo establece la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.
Recordó que la jurisdicción indígena se diferencia de la ordinaria porque contempla un conjunto de normas orales basadas en usos y costumbres originarias.
«Las organizaciones del Estado no interfieren en la administración de la justicia indígena, siempre que no se vulneren los derechos humanos de otras personas, así como en la comisión de crímenes graves», enfatizó Romero.
En cuanto al Plan de Atención Integral a Comunidades Indígenas y Vulnerables, rectorado por la Defensoría Pública, la directiva explicó que se lleva a cabo en varios estados del país, con el fin de acercar los servicios básicos.
«Con el plan llevamos los servicios de orientación y asistencia jurídica, cedulación, odontología, inmunización, salud visual y vial, registro de nacimiento, así como entrega de medicamentos y alimentos en las comunidades originarias más remotas», detalló Romero.
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